Pedro Castillo: Corte Suprema confirma ampliación de prisión preventiva
La medida responde a las pericias pendientes en obras públicas y la condena de más de 11 años por rebelión.
Foto: Presidencia - Video: Canal N
La Corte Suprema de Justicia de la República ratificó la prolongación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo.
El tribunal confirmó este 1 de junio de 2026 que el exmandatario continuará recluido hasta el 8 de marzo de 2027 por las investigaciones que se le siguen por organización criminal.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República es la máxima instancia judicial encargada de revisar las apelaciones en procesos contra altos funcionarios. El colegiado rechazó el pedido de la defensa y ratificó la resolución que mantiene la medida coercitiva dictada a solicitud de las autoridades judiciales.
¿Por qué la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva contra Pedro Castillo?
La Corte Suprema de Justicia de la República ratificó la prisión preventiva porque determinó que existe una alta complejidad en las investigaciones penales y un riesgo constante de fuga. El tribunal argumentó que la fiscalía debe realizar pericias contables y digitales a más de 90 investigados incluidos en el expediente.
Asimismo, los magistrados señalaron que el riesgo de evasión aumentó tras la sentencia de 11 años y 5 meses dictada contra el investigado por el delito de conspiración para la rebelión. A este factor se suma el asilo diplomático otorgado a su esposa e hijos por el gobierno mexicano desde el año 2022.
La resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria indicó que las diligencias pendientes requieren analizar contratos en diversas regiones del país. De acuerdo con las normas del Código Procesal Penal, el plazo de 12 meses resulta proporcional para concluir las actividades de la investigación preparatoria.
¿De qué delitos se le acusa al expresidente en las entidades del Estado?
Al expresidente José Pedro Castillo Terrones se le acusa de liderar una supuesta organización criminal enquistada en el aparato estatal para direccionar licitaciones públicas.
El Ministerio Público sostiene que la red operó en entidades como Petroperú S.A., el sector transportes y el sector vivienda para obtener ganancias ilícitas.
En la empresa estatal petrolera se investiga el direccionamiento en la compra de biodiésel B100 que habría generado un daño patrimonial de USD 2,342,349.54. En el sector transportes, las indagaciones se centran en la licitación del Puente Tarata III, donde se habría pactado el cobro de comisiones del 0.5% sobre el valor de la obra.
Por otro lado, la fiscalía rastrea la emisión de normas para financiar proyectos de agua potable en municipios como Anguía y Chadín. Las acusaciones detallan que estas obras eran asignadas a empresas de fachada a cambio del pago de sumas de dinero a los integrantes del entorno presidencial.
