Pedro Castillo reaparece en audiencia y pide su libertad

El expresidente Pedro Castillo reapareció en una audiencia virtual ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima para defender la demanda de hábeas corpus que busca su libertad inmediata.

El exjefe de Estado cumple una condena de 11 años y 5 meses de reclusión en el penal de Barbadillo por el delito de conspiración para la rebelión, cometido durante el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En la diligencia judicial, el procesado afirmó que la intervención policial registrada en su contra se ejecutó al margen del debido proceso.

El exmandatario declaró ante los jueces que fue intervenido con arma en mano mientras viajaba junto a su familia con dirección a la embajada de México en Lima, momentos después de pronunciar su mensaje a la nación.

¿Qué dijo Pedro Castillo durante la audiencia virtual ante el Poder Judicial?

Durante la audiencia virtual, Pedro Castillo dijo que su detención fue totalmente falsa en términos de flagrancia y demandó la anulación del procedimiento por presuntas faltas constitucionales.

El exjefe de Estado sostuvo que el Congreso no le notificó el inicio del antejuicio político ni la aprobación de la vacancia del cargo presidencial.

El demandante aseguró que esta omisión representó una vulneración directa al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, el exmandatario se basó en el informe redactado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el cual recomendó la excarcelación del exPresidente tras analizar las circunstancias de su captura.

¿Qué argumentó la defensa legal de Pedro Castillo sobre la detención?

La defensa legal de Pedro Castillo, ejercida por el abogado José Domingo Pérez, argumentó que el hábeas corpus es procedente a pesar de la condena dictada, debido a que el fallo judicial se encuentra en proceso de apelación.

El letrado planteó dudas sobre el momento exacto de la captura ejecutada por la propia escolta policial frente a la decisión del Parlamento.

El representante legal enfatizó que se debe revisar la legalidad del arresto para determinar si ocurrió cuando el investigado mantenía sus prerrogativas.

Según la tesis defensiva, la falta de votación previa en el Poder Legislativo desnaturalizó la legalidad de la intervención ocurrida en la vía pública.