Jorge Glas recibe nueva sentencia por corrupción en Ecuador
Jorge Glas, ya condenado por el caso Odebrecht, fue sentenciado a 13 años por desviar fondos destinados a víctimas del terremoto de 2016
La justicia de Ecuador dictó una nueva condena contra el exvicepresidente Jorge Glas. El exfuncionario fue sentenciado a 13 años de prisión por peculado, tras ser hallado culpable de desviar recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Esta es su tercera condena por corrupción, sumándose a las penas ya impuestas por el caso Odebrecht.
¿Por qué Jorge Glas recibió esta nueva condena?
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador concluyó que Glas malversó fondos públicos cuando lideraba un comité encargado de la reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas. La jueza Mercedes Caicedo afirmó que el exvicepresidente autorizó “construcciones inservibles e innecesarias”, incumpliendo la Ley de Solidaridad creada tras el sismo.
¿Cuántas condenas acumula Jorge Glas?
Con esta nueva sentencia, Glas suma tres condenas. En 2017 recibió 6 años de prisión por su implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En 2020, fue condenado a 8 años más por cohecho, junto al expresidente Rafael Correa, por solicitar sobornos a cambio de contratos estatales. Con esta última pena, Glas totaliza 27 años de prisión.
¿Qué ocurrió con su detención en la embajada de México?
Glas había obtenido libertad condicional en noviembre de 2022, pero en 2024 se refugió en la embajada mexicana en Quito. En abril de ese año, fue detenido por la policía ecuatoriana dentro de esa sede diplomática, lo que provocó un conflicto diplomático entre ambos países. Desde entonces, permanece bajo custodia.
¿Esta sentencia es definitiva?
La condena por peculado es de primera instancia. La defensa de Glas puede apelar la decisión ante tribunales superiores. Aun así, se trata de una nueva acción judicial que amplía el historial penal del exvicepresidente, quien fue una figura clave del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017.
El caso se enmarca en las investigaciones sobre el uso indebido de fondos tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos y miles de damnificados en la costa ecuatoriana.














