¿El TC declaró inconstitucional ley que afectaba a menores?

El Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 2/2026 mediante la cual declaró fundada en parte la demanda contra la Ley 32330, anulando varios de sus artículos.

La norma permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años dentro del sistema penal ordinario. La decisión dispone el archivo de todos los procesos penales iniciados en ese marco.

¿A quiénes afectaba la ley anulada por el Tribunal Constitucional?

La norma alcanzaba a adolescentes imputados por delitos graves como terrorismo o feminicidio. Según el fallo del TC, este tratamiento violaba principios fundamentales como el interés superior del niño y la protección especial exigida por la Constitución y tratados internacionales.

El tribunal determinó que estos casos deben ser procesados únicamente bajo el sistema penal juvenil.

¿Qué artículos del Código Penal fueron anulados?

El TC declara inconstitucional el artículo 20.2 del Código Penal que exceptuaba a los adolescentes de la exención de responsabilidad penal. También eliminó la frase “entre dieciséis y” del artículo 22 y suprimió referencias similares en el Código de Ejecución Penal. Además, se anularon dos decretos supremos que modificaban el reglamento penitenciario.

¿Cuál será el efecto inmediato del fallo?

La sentencia obliga al archivo y reconducción de los procesos penales abiertos contra adolescentes bajo la Ley 32330. Estas causas deberán pasar a juzgados de familia y fiscalías especializadas, donde se aplicará el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA). También se ordena el traslado inmediato de adolescentes detenidos en cárceles de adultos a centros juveniles.

¿En qué se basó el TC para declarar la inconstitucionalidad?

El Tribunal Constitucional fundamentó su fallo en que la ley vulneraba principios como la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el derecho a un trato diferenciado según la etapa de desarrollo. Se consideró que las cárceles comunes no son espacios aptos para la reeducación de menores y que exponerlos a esos entornos agrava la criminalidad juvenil.

¿Qué dijeron las instituciones que demandaron la ley?

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones impulsaron la demanda de inconstitucionalidad. Argumentaron que la norma retrocedía en derechos fundamentales y desconocía la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que otorga primacía a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

¿Cómo reaccionó el Congreso ante la decisión del TC?

El Congreso de la República defendió la Ley 32330 como una medida frente a delitos graves cometidos por menores. Legisladores como Alejandro Muñante argumentaron que otros países aplican sanciones penales a adolescentes desde los 16 años. También se criticó la capacidad operativa del sistema de rehabilitación juvenil para responder a delitos complejos.

¿Qué opinan expertos y organizaciones civiles sobre el fallo?

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP participó en el proceso como amicus curiae, respaldando la demanda. La Defensoría del Pueblo también resaltó que programas como “Rompiendo Cadenas” buscan reducir la criminalidad juvenil con medidas socioeducativas. Estas organizaciones señalaron que el fallo es coherente con los estándares internacionales.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 32330 que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años. El fallo anula artículos del Código Penal, del Código de Ejecución Penal y dos decretos supremos. La sentencia dispone el archivo de procesos y el traslado de menores detenidos en penales a centros juveniles. El TC ratificó que la edad mínima de imputabilidad penal en Perú es de 18 años. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público impulsaron la demanda. El Congreso defendió la ley como una herramienta para enfrentar delitos graves cometidos por menores.