¿De qué acusan a Vizcarra por obras en Lomas de Ilo y hospital?

El caso judicial contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción durante su periodo como gobernador regional de Moquegua avanza hacia una fase decisiva. El expresidente ya enfrenta un juicio oral y un pedido de prisión preventiva de seis meses, mientras la Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por más de S/ 2 millones a cambio de favorecer a empresas privadas en dos importantes proyectos regionales: Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

¿Qué obras están involucradas en las acusaciones?

El primer proyecto en cuestión es el denominado “Lomas de Ilo”, una iniciativa para mejorar el sistema de riego mediante la construcción de la Línea de Conducción N.° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y su sistema de distribución. Según el Ministerio Público, el entonces gobernador Vizcarra habría recibido un soborno de un millón de soles por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi, favorecido en el proceso de adjudicación hacia fines del año 2013.

El segundo caso se relaciona con la obra de “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2”. Aquí, la Fiscalía imputa a Vizcarra la recepción de un soborno de S/ 1.3 millones, entregado en parte por el ejecutivo Rafael Granados, representante de ICCGSA, a través del exministro José Hernández, quien habría operado como intermediario.

Ambos contratos sumaban inversiones millonarias en infraestructura pública regional, y se habrían visto comprometidos por prácticas de colusión entre funcionarios y empresas privadas, según las investigaciones fiscales.

¿Cuál es la acusación fiscal y qué sanción se pide?

La Fiscalía ha tipificado los hechos como delito de cohecho pasivo propio, en grado consumado. La acusación formal sostiene que Vizcarra utilizó su cargo como presidente regional entre 2011 y 2014 para intervenir directamente en los procesos de licitación, beneficiando a empresas que luego retribuyeron con pagos irregulares.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 15 años de prisión efectiva, así como una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos. Asimismo, se ha pedido una medida de prisión preventiva por seis meses, la cual viene siendo evaluada por la Corte Superior Nacional.

La audiencia se realiza de forma presencial y constituye un momento clave del proceso, ya que una eventual orden de detención limitaría drásticamente la defensa legal y el margen político del exmandatario.

¿Qué impacto tienen sus inhabilitaciones políticas?

A la par de este proceso penal, Vizcarra enfrenta un bloqueo total de su vida pública debido a tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso, que suman 25 años de sanción acumulada.

• En 2021 fue inhabilitado por 10 años por el caso Vacunagate, al haber recibido la vacuna contra la COVID-19 de forma clandestina mientras era presidente.

• En 2022, recibió una sanción adicional de 5 años por presunto conflicto de interés cuando se desempeñó como ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

• En junio de 2025, fue nuevamente inhabilitado por 10 años, esta vez por haber disuelto el Congreso en septiembre de 2019. Esta última decisión fue adoptada tras un pedido de reconsideración en el Pleno y fue aprobada con 67 votos a favor.

Estas sanciones le impiden ejercer cualquier función pública o postular a cargo alguno hasta, al menos, el año 2035. A pesar de no tener una condena penal, su futuro político ha sido desactivado por decisiones del Poder Legislativo.