Congreso otorga luz verde a Unidades de Flagrancia Delictiva

El Congreso de la República dio un paso importante en la lucha contra la criminalidad organizada. La Comisión de Justicia aprobó un dictamen que permitirá la creación de Unidades de Flagrancia Delictiva en todo el país. Esta nueva herramienta legal tiene un objetivo claro: que los delincuentes capturados con las manos en la masa, especialmente sicarios y extorsionadores, reciban sentencias rápidas y no queden libres mientras duran las investigaciones.

La propuesta, que fue liderada por el congresista Flavio Cruz Mamani, busca que la justicia sea inmediata. "Queremos contrarrestar el avance de la delincuencia que se está apoderando del país", señaló el legislador durante el debate. Con esta norma, se espera que la percepción de impunidad disminuya, ya que se aplicará prisión preventiva de forma directa para delitos graves.

¿Cómo funcionarán las Unidades de Flagrancia contra el sicariato?

Estas unidades permitirán que jueces, fiscales y policías trabajen de manera articulada en un solo lugar. Al capturar a un delincuente en flagrante delito, el sistema podrá imponer penas mayores a los cinco años de cárcel de manera acelerada. La idea es que el criminal no regrese a las calles a los pocos días de su captura, generando un efecto disuasorio para quienes pretendan cometer actos de extorsión o sicariato.

Durante el debate, se aceptaron sugerencias de congresistas como Maricarmen Alva, quien pidió ajustar los términos legales para que estas unidades tengan un alcance "supraprovincial". Por otro lado, Gladys Echaíz solicitó que se cuiden los detalles técnicos para que no existan conflictos entre las instituciones de justicia al momento de aplicar la ley, garantizando que el proceso sea impecable y no se caiga por vicios legales.

¿Qué castigos habrá para quienes vendan niños o adolescentes?

Otro punto fundamental aprobado por la comisión es la mano dura contra la venta de menores. El Congreso incorporará nuevos delitos al Código Penal para castigar con hasta 20 años de prisión a cualquier persona que entregue o reciba a un niño a cambio de dinero o beneficios económicos. Si el delito es cometido por un familiar cercano (padres, tíos, convivientes) o si hay más de una víctima, la pena subirá hasta los 25 años.

Esta medida busca frenar las mafias que utilizan procesos de adopción falsos para lucrar con menores de edad. Si el responsable de este acto es un funcionario público que aprovechó su cargo, será inhabilitado de por vida para trabajar en el Estado. "Es una respuesta penal fuerte frente a un crimen atroz", indicaron los miembros de la comisión tras la votación que recibió un respaldo mayoritario.

¿Qué pasará con los trabajadores CAS de Sunarp?

Finalmente, la Comisión de Justicia también pensó en los derechos laborales. Se aprobó un dictamen que permitirá que los trabajadores de la Sunarp, que actualmente están bajo el régimen CAS con contrato determinado, pasen a tener un contrato indeterminado. Esto beneficia a quienes realizan labores permanentes en la institución, dándoles estabilidad laboral después de años de servicio bajo contratos temporales.

Con estos tres dictámenes aprobados, la Comisión de Justicia traslada la responsabilidad al Pleno del Congreso, donde se decidirá la aprobación final de estas leyes. De ser ratificadas, el Perú contaría con un sistema de justicia mucho más rápido para combatir la ola de inseguridad que afecta a miles de ciudadanos en diversas regiones del territorio nacional.

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó implementar Unidades de Flagrancia a nivel nacional para aplicar prisión preventiva inmediata y penas severas contra extorsionadores y sicarios. Asimismo, se incorporó al Código Penal el delito de venta de menores con sanciones de hasta 25 años de cárcel en casos agravados. Finalmente, se autorizó el pase a contrato indeterminado para trabajadores CAS de Sunarp que realizan labores permanentes en la institución.