Congreso aprueba penas por ingreso de celulares a cárceles
La medida legislativa responde a la crisis de seguridad que afronta el país, donde las denuncias por extorsión registran un alarmante incremento de cara al presente año.
Foto: INPE - Video: Canal N
El pleno del Parlamento Nacional dio luz verde a la propuesta normativa dirigida a reestructurar las operaciones de control e inteligencia en los establecimientos de reclusión del territorio peruano.
El dictamen, sustentado de manera conjunta por las comisiones de Justicia y Transportes, busca cerrar las brechas operativas que facilitaban la continuidad de las comunicaciones delictivas en las prisiones, una problemática ligada de forma directa al repunte del crimen organizado en las principales regiones del país.
¿A cuánto asciende el impacto de los delitos cometidos desde las prisiones?
Durante el debate parlamentario se expusieron cifras que revelan la magnitud de la crisis. La congresista María del Carmen Alva precisó que la situación de inseguridad ciudadana es crítica debido al sostenido incremento de los chantajes económicos a nivel nacional, registrándose más de 18 000 denuncias por extorsión con una progresión ascendente cercana al 30%.
Adicionalmente, se conoció que el personal del INPE incautó más de 950 terminales móviles y 1400 accesorios tecnológicos en requisas efectuadas de forma interna en los centros de reclusión.
La trascendencia de la reforma radica en que la sola tenencia y manipulación de dispositivos de comunicación fuera de las cabinas y locutorios públicos autorizados por la administración carcelaria dejará de ser evaluada como una simple falta administrativa interna, pasando a constituir un delito penal flagrante sujeto a sanción judicial.
¿Qué nuevas obligaciones se imponen a las empresas de telecomunicaciones?
El texto legal introduce cambios sustanciales en el marco del Decreto Legislativo 1688 para optimizar los estándares regulatorios aplicables a las firmas de telefonía móvil.
El congresista Juan Carlos Mori explicó que el dispositivo dota de mayores capacidades sancionadoras al Estado para obligar a las operadoras a ejecutar bloqueos técnicos eficientes en el espectro radioeléctrico que rodea a los penales.
La iniciativa, que recibió el respaldo multipartidario de bancadas como Renovación Popular, Acción Popular y Perú Libre, busca neutralizar de manera definitiva el soporte técnico que permite a los reos extranjeros y nacionales dirigir bandas de sicarios, planificar atentados informáticos y extorsionar a comercios locales desde el interior de sus celdas de confinamiento.
El Pleno del Congreso aprobó una ley que reforma integralmente la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios de la República. La iniciativa criminaliza formalmente la posesión indebida de teléfonos celulares y armamento por parte de los internos, elevando a un máximo de 15 años de pena privativa de la libertad las sanciones para los funcionarios que colaboren con estas redes. La norma otorga nuevas responsabilidades técnicas y punitivas al sector de telecomunicaciones para garantizar la anulación de señales de telefonía y redes de datos en los reclusorios, respondiendo al incremento en las denuncias por extorsión registradas en el país.
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