¿Cuál es la postura de la Cancillería frente a los cuestionamientos al voto en el extranjero?

El Ministerio de Relaciones Exteriores fijó su posición oficial para asegurar que su actuación se enmarcó estrictamente en el cumplimiento de sus funciones legales, logísticas y consulares, manteniendo un respeto absoluto a la neutralidad del Poder Ejecutivo. La institución rechazó tajantemente las acusaciones dirigidas hacia sus diplomáticos respecto a supuestas manipulaciones de sufragio. El sector puntualizó que las actas correspondientes fueron debidamente lacradas por los miembros de mesa al concluir la votación para garantizar su total inviolabilidad ante el escrutinio público.

Asimismo, la entidad recordó que el procesamiento, escaneo, cómputo y consolidación de los votos del exterior corresponden de forma exclusiva a la ONPE. El rol consular estuvo limitado a facilitar la participación de los personeros de las organizaciones políticas, quienes recibieron copias de las actas y pudieron verificar los carteles de resultados publicados abiertamente en las distintas oficinas diplomáticas.

¿Por qué se suspendió el uso del aplicativo de escaneo durante la segunda vuelta?

La Cancillería detalló que, por encargo de la ONPE, se habilitó de manera complementaria una herramienta tecnológica piloto para escanear las actas en 108 oficinas consulares durante la primera vuelta. No obstante, al presentarse recurrentes problemas operativos y limitaciones técnicas en diversos países, las autoridades electorales decidieron suspender su ejecución para la segunda vuelta, una medida similar a la adoptada en el territorio nacional con el sistema STAE. Esta suspensión no modificó la Ley Orgánica de Elecciones ni afectó la seguridad del repliegue físico.

Para finalizar, la institución reiteró que cuenta con amplia experiencia en la organización de estos procesos, logrando traer el material mediante valija diplomática y correos diplomáticos en los tiempos reglamentarios. El proceso de repliegue contó con la fiscalización presencial de funcionarios del JNE en Buenos Aires y otras capitales, la Defensoría del Pueblo y auditorías de la Contraloría, entidades que no detectaron ningún tipo de retraso o anomalía en el traslado.