Siete virtuales gobernadores registran sentencias penales

Siete candidatos a gobernadores regionales que registran sentencias penales figuran entre los virtuales ganadores o clasificaron a la segunda vuelta de las elecciones regionales en el país. La situación fue advertida por especialistas en materia electoral, quienes señalaron que la presencia de postulantes condenas genera preocupación sobre la estabilidad de la gestión pública en diversas circunscripciones. Las candidaturas involucran a postulantes en departamentos como Arequipa, Lambayeque, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Tacna y Ucayali.

De acuerdo con las evaluaciones del proceso, la falta de filtros en los partidos políticos permitió la inscripción de candidatos con antecedentes judiciales en sus hojas de vida. El especialista Alejandro Rospigliosi afirmó que esta situación puede generar inestabilidad institucional ante el riesgo de que las autoridades electas sean vacadas si sus condenas son confirmadas en segunda instancia. La jornada decisiva para definir a las nuevas autoridades regionales se realizará durante la segunda vuelta programada para el 29 de noviembre.

El marco normativo constitucional establece restricciones específicas para quienes aspiran a cargos de elección popular tras recibir condenas en el poder judicial. No obstante, la interpretación legal sobre la inhabilitación de los postulantes con sentencias ha derivado en debates jurídicos sobre su aplicación en los comicios actuales. La ciudadanía de las regiones involucradas deberá acudir a las urnas para elegir a sus representantes entre las opciones que compiten en el proceso.

Postulantes con condenas en Arequipa y Lambayeque

En la región Arequipa, el exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada, candidato por la organización Fuerza Arequipeña, pasará a la segunda vuelta electoral tras no superar el 30% de los votos válidos exigidos por la ley. El postulante registra dos sentencias dictadas en los años 2019 y 2021 por los delitos de otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica. Las condenas están vinculadas con autorizaciones para construir una universidad privada en un área destinada al Eco Parque Metropolitano de Arequipa, caso por el cual la fiscalía reportó una pena de tres años y seis meses de prisión suspendida.

Por su parte, en el departamento de Lambayeque, el candidato a gobernador regional Rolando Barboza Díaz, representante del partido Fuerza Popular, presenta dos condenas en su registro personal. La primera sentencia data del año 2007 por el delito contra el patrimonio cultural, la cual concluyó con reserva de fallo condenatorio. La segunda sanción fue emitida en el año 2018 por el delito de abuso de autoridad, imponiéndole una pena de dos años de prisión suspendida.

Ante los cuestionamientos por sus antecedentes, Rolando Barboza Díaz señaló que la resolución judicial por abuso de autoridad no causó un perjuicio económico al Estado. Asimismo, el candidato de Fuerza Popular negó estar involucrado en actos de corrupción durante su trayectoria. Las autoridades electorales mantienen el monitoreo de los expedientes de las listas que compiten en la contienda regional.

Controversia sobre la aplicación del artículo 34-A de la Constitución

El artículo 34-A de la Constitución Política del Perú prohíbe la postulación a cargos de elección popular de personas que cuenten con sentencia condenatoria por delito doloso en primera instancia. Sin embargo, el especialista Alejandro Rospigliosi indicó que la aplicación de esta norma genera controversia tras un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Según explicó el abogado, el colegiado saliente argumentó el derecho a la resocialización para permitir que personas con condenas cumplidas puedan retornar a la gestión pública.

La existencia de fallos judiciales dejados sin efecto o el cumplimiento de las penas impuestas ha permitido que diversos postulantes obtengan la habilitación para participar en los comicios. Además de Arequipa y Lambayeque, las regiones de Apurímac, Huánuco, Moquegua, Tacna y Ucayali registran candidatos con condenas que disputarán la segunda vuelta electoral.

El especialista Alejandro Rospigliosi sostuvo que la responsabilidad de este escenario recae tanto en las organizaciones políticas por la falta de un filtro adecuado como en los electores al momento de emitir su voto.