Pese a una fuerte oposición ciudadana, la ciudad de Miami aprobó este martes el polémico acuerdo 287(g), que permite al Departamento de Policía local colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida fue aprobada por tres votos contra dos en una sesión del Ayuntamiento, convirtiendo a Miami —donde el 54% de los residentes son nacidos en el extranjero, según USAFacts— en un punto crítico en el debate sobre la inmigración en Estados Unidos.

El acuerdo, que autoriza a la policía local a detener a personas indocumentadas para ser entregadas a ICE, ha despertado gran preocupación en organizaciones defensoras de los derechos civiles. "Convertir a la policía local en agentes de inmigración es peligroso para una ciudad construida por inmigrantes", advirtió Dariel Gómez, activista de ACLU, durante las manifestaciones frente al Ayuntamiento.

Denuncias de abusos y presión federal agravan el escenario migratorio

La aprobación de este convenio ocurre en medio de crecientes denuncias por trato inhumano hacia migrantes detenidos en el centro de detención de Adelanto, en California. Un grupo de congresistas demócratas, entre ellos Judy Chu y Linda Sánchez, visitó recientemente las instalaciones y documentó casos en los que los migrantes no pudieron comunicarse con sus abogados ni cambiarse de ropa durante más de una semana.

En paralelo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decidió levantar el toque de queda tras una semana de intensas protestas contra las redadas migratorias. Aunque aseguró que la ciudad seguirá en alerta, aclaró que su prioridad será “garantizar la seguridad y el apoyo en los barrios del centro”.

El debate migratorio vuelve a encenderse a nivel nacional, con ciudades como Miami al frente de medidas que podrían redefinir la relación entre autoridades locales y las políticas federales migratorias.