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Estados Unidos lanza una ofensiva financiera y migratoria contra redes del fentanilo


Luego de las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en varios puntos de Los Ángeles este 6 y 7 de junio, múltiples organizaciones defensoras de derechos inmigrantes han activado líneas telefónicas para brindar orientación y apoyo legal gratuito a los afectados y sus familiares. Los operativos han generado alarma entre la comunidad latina y provocaron protestas con presencia policial.
Los puntos intervenidos incluyen zonas de alta afluencia inmigrante como el Home Depot de Westlake North, ubicado en 1670 Wilshire Boulevard, y el Fashion District, en Towne Avenue. En respuesta, grupos como la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y la ACLU del Sur de California se han pronunciado en rechazo a lo que consideran una criminalización de la inmigración, y han compartido canales de ayuda directa para quienes hayan sido detenidos o se encuentren en situación de riesgo.
La comunidad puede acceder a asesoría gratuita y confidencial comunicándose con varias instituciones clave. El Departamento de Justicia de California, a través de la Office of Immigrant Assistance, brinda información sobre recursos legales y protección contra fraudes migratorios al número (800) 952-5225.
También están disponibles las siguientes organizaciones:
Los voceros de estas instituciones recuerdan que no es obligatorio responder preguntas de agentes de inmigración sin la presencia de un abogado y aconsejan documentar cualquier abuso.
Durante la jornada del viernes 6, activistas denunciaron que las intervenciones se realizaron específicamente en espacios frecuentados por trabajadores inmigrantes, lo cual ha sido interpretado como una forma de perfilamiento racial. La organización CHIRLA expresó su preocupación por la normalización de operativos que estigmatizan a comunidades enteras y reiteró que el estatus migratorio no debe usarse como justificación para la represión.
Las manifestaciones convocadas en las zonas intervenidas derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, dejando un saldo de personas detenidas y múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza.
Ante este contexto, líderes inmigrantes han intensificado campañas informativas sobre los derechos de las personas en caso de detención. Insisten en que los inmigrantes tienen derecho a guardar silencio, a solicitar un abogado y a negarse a firmar documentos sin la debida asesoría.
Varias organizaciones locales también han habilitado centros de atención presencial y recursos en línea con guías legales, especialmente para quienes corren el riesgo de deportación. La estrategia, aseguran, busca empoderar a las comunidades con información confiable frente a un panorama de creciente vigilancia migratoria.





