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El Gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una de sus acciones más contundentes para frenar el flujo de fentanilo, la droga sintética que más muertes causa en el país. A través de sanciones financieras y restricciones migratorias, busca debilitar las estructuras económicas y logísticas que sostienen este tráfico letal.
El Departamento del Tesoro, mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), activó el 25 de junio por primera vez sus nuevas atribuciones bajo la ley FEND Off Fentanyl. Con ello, emitió órdenes contra tres entidades financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar el lavado de millones de dólares vinculados al narcotráfico de opioides sintéticos.
Las sanciones impuestas implican la desconexión total de estas instituciones del sistema financiero estadounidense. La medida entra en vigor 21 días después de su publicación oficial y representa un paso clave en el desmantelamiento de la infraestructura financiera que respalda la producción y el tráfico de fentanilo desde México. Las autoridades recalcan que este tipo de acciones buscan cortar los canales que permiten adquirir precursores químicos y movilizar fondos ilícitos a escala global.
En paralelo, el Departamento de Estado anunció la revocación de visas y la imposición de nuevas restricciones migratorias a traficantes, sus familiares y asociados. Esta decisión busca restringir el libre tránsito de actores clave en las redes del narcotráfico, complementando así la ofensiva económica. Al aplicar sanciones personales, Washington transmite un mensaje directo: quienes se beneficien de este mercado ilegal enfrentarán consecuencias más allá del ámbito financiero.
Las autoridades federales subrayan que el fentanilo es hoy la principal causa de muerte entre personas de 18 a 45 años en EE.UU. Tan solo en 2024, la DEA confiscó más de 60 millones de pastillas falsas y 8 000 libras de fentanilo en polvo, equivalente a 380 millones de dosis letales. En lo que va de 2025, las incautaciones ya superan los 177 millones de dosis letales.
La estrategia estadounidense incluye una fuerte presión diplomática sobre países como China, que recientemente ha incorporado más precursores químicos a su lista de sustancias controladas. Este paso, reportado por Reuters, responde a las exigencias de cooperación formuladas por Washington. Además, organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) destacan la necesidad de aplicar reportes de operaciones sospechosas, regular criptomonedas y fomentar alianzas público-privadas para rastrear flujos financieros ilegales.
Las acciones recientes contra CIBanco, Intercam y Vector se alinean con estas recomendaciones internacionales y muestran un enfoque más pragmático en la persecución del lavado de dinero. La intención no solo es frenar las operaciones inmediatas, sino establecer precedentes sobre el uso del sistema financiero con fines criminales.
El Congreso estadounidense también juega un rol clave en esta ofensiva. La reciente aprobación del HALT Fentanyl Act en la Cámara de Representantes refuerza el marco legal al clasificar permanentemente a los análogos del fentanilo como sustancias controladas de Lista I. Esta norma fortalece las capacidades de la DEA y otras agencias para actuar con mayor celeridad.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que los facilitadores financieros de este sistema criminal "permiten el envenenamiento de numerosos estadounidenses". Las acciones emprendidas, dijo, reflejan el compromiso total del Gobierno en frenar este flagelo que amenaza la salud pública, la seguridad y el sistema económico del país.
Con esta ofensiva integral —económica, migratoria, diplomática y legislativa— Estados Unidos busca cerrar las rutas por donde fluyen los insumos, fondos y personas que sostienen el tráfico de fentanilo. El mensaje es claro: las redes del narcotráfico enfrentarán un cerco cada vez más amplio y coordinado.





