Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. revela que el Cártel de Sinaloa, liderado en su momento por Joaquín “El Chapo” Guzmán, contrató a un hacker en 2018 para infiltrarse en el sistema de videovigilancia pública de Ciudad de México y acceder a registros telefónicos de un funcionario del FBI en la embajada estadounidense. 

Gracias a este acceso, el cartel logró seguir los movimientos del agente, identificar a sus contactos y localizar informantes del FBI, lo que derivó en intimidaciones e incluso asesinatos de algunas fuentes.

¿Cómo operó el hackeo y a quiénes afectó?

El informe del Inspector General del Departamento de Justicia detalla que el hacker accedió al teléfono de un agregado legal adjunto (ALAT) del FBI, obteniendo registros de llamadas y datos de geolocalización. Además, pudo usar las cámaras de CCTV para seguir al agente en la ciudad y rastrear a las personas con las que se reunió.

Esta vigilancia facilitó que el cártel identificara y persiguiera a los informantes y testigos colaborantes de la agencia.

Consecuencias: intimidación, amenazas y asesinatos

El reporte confirma que el Cártel de Sinaloa usó esta información para intimidar y, en algunos casos, asesinar a personas vinculadas con el FBI.

Aunque no se nombraron las víctimas ni el hacker, el documento advierte sobre la vulnerabilidad de fuerzas de inteligencia ante el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia

Retos para el FBI y respuesta del DOJ

El informe recalca que avances en vigilancia técnica ubicua —como teléfonos y sistemas CCTV— permiten a organizaciones criminales explotar brechas en la seguridad de los datos-

Por ello, el FBI está desarrollando un plan estratégico para reforzar la capacitación del personal y blindar sus protocolos operativos, como recomendó el Inspector General del DOJ

El caso demuestra cómo el Cártel de Sinaloa evolucionó hacia tácticas tecnológicas sofisticadas, utilizando hackeos para vulnerar sistemas públicos y atacar fuentes del FBI. El hallazgo del informe del DOJ resalta la urgencia de reforzar capacitación, protocolos y contramedidas tecnológicas, ante el creciente uso de vigilancia digital por parte de organizaciones criminales.