Tribunal de Sanciones de la Contraloría: "Nuestro rol es la lucha contra la corrupción"
El órgano de control defiende la vigencia de la Ley 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas
Enrique Aguilar, miembro del Tribunal de Sanciones de la Contraloría General de la República, se sumó al pedido de su institución al Tribunal Constitucional (TC) de no aprobar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas.
Cabe recordar que mañana 24 de agosto el TC analizará la referida demanda de inconstitucionalidad a la norma, la cual fue planteada por el Ejecutivo durante la gestión de Francisco Sagasti, el 26 de julio de 2021.
“Si se declara la inconstitucionalidad volveríamos a lo de antes, a un limbo. Luego de escuchar las partes queda al voto del Tribunal Constitucional. La última sentencia demoró en publicarse un año. Mientras tanto, la ley estará vigente. Hay muchos casos emblemáticos que están en proceso como Puente Tarata, Petroperú, Fondo Mivivienda”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.
Aguilar recordó que este miércoles el contralor general Nelson Shack reveló, tras la presentación del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022, que durante el 2022 se perdieron más de 24 mil 400 millones de soles por la corrupción.
“Con ese dinero podríamos haber cerrado la brecha de pobreza de todo el Perú en un solo año. Esa plata no se ha esfumado, ha terminado en el bolsillo de alguien y claramente ese alguien o esos algunos no son la población que debió verse beneficiada”, dijo Shack.
CASOS EMBLEMÁTICOS
La Contraloría instó a los miembros del TC a evaluar "como corresponde" los argumentos de la defensa de la Ley 31288, la cual, según su opinión, "contribuye adecuadamente a luchar contra la corrupción, la impunidad y le permite al Estado sancionar efectivamente a los malos funcionarios por el grave daño causado".
"Hechos graves como el favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (caso Marka Group), que provocaron perjuicio económico al Estado superior a S/ 33 millones, y dejaron sin vivienda a más de 2 mil familias; las irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata en la región San Martín, cuya inversión supera los S/ 300 millones [...] son solo algunos de los más de mil casos que se verían favorecidos de concretarse el objetivo de la demanda de inconstitucionalidad en cuestión", detalló en su pronunciamiento.
