TC dejó al voto las demandas presentadas contra reestructuración de Petroperú

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el proceso sobre el Decreto de Urgencia 010-2025, el cual encarga a Proinversión la reestructuración de la empresa estatal Petroperú. La audiencia pública se realizó este martes 25 de agosto para revisar las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara, con apoyo de los colegios de Abogados e Ingenieros.

Las partes demandantes sostienen que el decreto gubernamental sienta las bases para una progresiva privatización de los activos de la petrolera. La norma cuestionada contempla dividir las unidades de negocio en bloques patrimoniales con el fin de que operadores especializados del sector privado asuman su administración.

¿Por qué la Defensoría advierte riesgos en el uso de concesiones?

Al hacer uso de la palabra en la audiencia, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitó evitar que la empresa estatal se privatice como un activo que termine desmantelado. Asimismo, rechazó la figura de las concesiones a terceros al considerar que estos esquemas terminan desnaturalizándose con el paso de los años, tal como sucedió con los peajes y el proyecto del gas de Camisea impulsados por Proinversión.

Gutiérrez enfatizó que existen componentes orientados a favorecer a terceros por encima de los intereses supremos de la nación. Con su intervención, la representación de la Defensoría del Pueblo respondió a las interrogantes planteadas durante la sesión por el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse.

¿Qué vicios legales atribuyen los demandantes al Decreto de Urgencia 010-2025?

De acuerdo con los fundamentos del recurso, el Poder Ejecutivo sobrepasó sus competencias al regular el régimen jurídico de Petroperú mediante un decreto de urgencia emitido la noche del 31 de diciembre de 2025, en el gobierno de José Jerí. Tanto la Defensoría como el municipio de Talara argumentan que se evadió el debate en el Congreso de la República, vulnerando la separación de poderes.

Por último, los demandantes señalaron que la norma carece de los sustentos de imprevisibilidad y urgencia requeridos por el marco constitucional. Las instituciones concluyeron que no se pueden aplicar mecanismos de inversión privada sobre una entidad de carácter estratégico para la soberanía y seguridad energética nacional.