Rondas campesinas sancionan con latigazos al alcalde de Ayabaca

El alcalde de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, fue castigado por rondas campesinas del caserío Hualcuy, en Piura, tras ser acusado de incumplir compromisos asumidos con la comunidad. Recibió doce latigazos en una audiencia pública ante la población local.

Durante el procedimiento, el alcalde de Ayabaca fue obligado a sentarse sobre una banca mientras dos ronderos ejecutaban la sanción. El castigo fue parte del sistema de justicia comunal tradicional. El momento fue grabado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

¿Por qué las rondas campesinas castigaron al alcalde de Ayabaca?

La sanción ocurrió durante una asamblea comunal en la que participaron los habitantes del caserío Hualcuy. La comunidad acusó al alcalde de Ayabaca de no cumplir los compromisos asumidos previamente, lo que llevó a aplicar la justicia consuetudinaria.

En el evento, un representante de las rondas indicó públicamente que la autoridad sería juzgada por su propio pueblo. Luego de una deliberación, se acordó aplicar un castigo físico como sanción disciplinaria dentro del marco tradicional rondero.

¿Cómo fue el castigo aplicado al alcalde durante la audiencia?

El castigo consistió en doce latigazos ejecutados frente a la población. El alcalde fue sentado sobre una banca de madera, mientras se escuchaba la cuenta de los azotes en voz alta. Intentó detener el castigo, pero fue impedido.

El procedimiento fue grabado y se viralizó, lo que generó diversas reacciones. En el video se observa a los ronderos actuando en presencia de la población, que presenció sin intervenir el desarrollo de la sanción.

¿Qué dijo el alcalde tras recibir los latigazos?

Tras la sanción, Darwin Quinde Rivera se dirigió nuevamente a los presentes. Afirmó que no había cometido faltas contra la comunidad y que no tenía motivos para pedir disculpas. Sin embargo, fue obligado a hacerlo.

En su declaración, el alcalde indicó que los errores que provocaron la molestia de la población fueron responsabilidad de trabajadores municipales. Aseguró que no actuó de manera indebida durante su gestión.

¿Qué explicación ofreció el alcalde en sus redes sociales?

Después del incidente, el alcalde de Ayabaca publicó mensajes en sus redes sociales explicando su versión. Indicó que el castigo se habría producido por no apoyar a la comunidad con un equipo de sonido.

A través de esa publicación, expresó su disconformidad con la forma en que fue tratado durante la asamblea. También cuestionó la proporcionalidad del acto frente a los hechos atribuidos a su gestión.

¿Qué impacto tuvo la difusión del video del castigo?

El video del castigo al alcalde de Ayabaca fue compartido ampliamente en plataformas digitales. La viralización generó debate entre los habitantes de la región y en medios locales, donde se discutió la legalidad del acto.

Algunas voces en la comunidad solicitaron que se realice una investigación para determinar si la sanción respetó los derechos fundamentales del alcalde. Hasta el momento, no hay informes oficiales sobre investigaciones en curso.

¿Qué dice la Constitución sobre las rondas campesinas?

El artículo 149.º de la Constitución del Perú reconoce la función jurisdiccional de las rondas campesinas. Esta norma les permite ejercer justicia en sus territorios bajo el derecho consuetudinario, con ciertos límites.

La norma establece que las rondas pueden actuar siempre que no vulneren derechos fundamentales de las personas. Esto ha reavivado la discusión sobre cómo se aplica la justicia comunal a funcionarios públicos.

¿Hubo reacción de las autoridades tras el castigo?

Hasta la fecha, no se ha registrado un pronunciamiento del Gobierno Regional de Piura ni de la Defensoría del Pueblo sobre lo ocurrido con el alcalde de Ayabaca. Tampoco se han iniciado procesos legales anunciados por parte de la autoridad afectada.

El caso continúa generando atención en la región, tanto por la naturaleza del acto como por su difusión pública. La situación plantea preguntas sobre el equilibrio entre autonomía comunal y respeto a los derechos individuales.

Darwin Quinde Rivera, alcalde de Ayabaca, fue azotado por rondas campesinas del caserío Hualcuy, en Piura. La sanción se aplicó durante una audiencia pública donde fue acusado de no cumplir compromisos con la comunidad. Recibió doce latigazos y luego fue obligado a pedir disculpas. El alcalde atribuyó los errores a trabajadores de su equipo. El castigo fue grabado y difundido, generando reacciones en redes. En sus redes sociales, el alcalde dijo que todo se originó por un problema de sonido. El artículo 149.º de la Constitución respalda la jurisdicción comunal, siempre que no se vulneren derechos fundamentales.