Gobierno declara estado de emergencia en Piura por 60 días

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en distritos y provincias del departamento de Piura. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo N° 146-2025-PCM y busca enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia en Piura, Sullana, Paita y Talara.

La Policía Nacional del Perú liderará las acciones con apoyo de las Fuerzas Armadas. Se restringen derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión, además de la inviolabilidad del domicilio, conforme a lo estipulado en la Constitución.

¿Qué zonas de Piura están bajo estado de emergencia?

Los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, así como Sullana, Bellavista, Paita y Talara, fueron declarados en emergencia. Estas jurisdicciones forman parte de las zonas priorizadas para el despliegue policial y militar.

La decisión se basa en información de inteligencia y mapas del delito. En estas zonas se aplicarán intervenciones focalizadas para restablecer el orden.

¿Qué acciones se implementan con las fuerzas del orden?

Se ejecutarán patrullajes constantes, operativos de control de identidad y fiscalización de actividades ilegales. También se instalarán puestos de comando en puntos críticos para asegurar el control territorial en cada zona declarada en emergencia.

La Policía Nacional lidera estas acciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal.

¿Qué comités y comandos operan durante la emergencia?

Se conformaron el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), Comités Distritales (CCD), de Inteligencia (CI), de Fiscalización (CF) y de Comunicación Estratégica (CCE). Estas instancias trabajan 24/7 y deben remitir reportes diarios sobre patrullajes y operativos realizados.

El CCO está integrado por autoridades policiales, judiciales, fiscales, regionales y locales.

¿Qué medidas se aplican en los penales de Piura?

Durante el estado de emergencia se restringe el número de visitas, se realiza apagón eléctrico en celdas y se incautan objetos prohibidos. El INPE podrá trasladar internos si representan un riesgo o están involucrados en delitos. También se rotará al personal penitenciario según necesidad institucional.

Además, se intensifican los controles de señales de telecomunicación dentro de los establecimientos penitenciarios.

¿Cómo se combate la venta ilegal de productos y servicios?

Los operativos incluyen la incautación de tarjetas SIM activadas irregularmente, control de venta informal de celulares, autopartes, productos pirotécnicos e insumos químicos. La Policía Nacional coordina con OSIPTEL, SUNAT y otras entidades.

Se busca desarticular mercados ilegales vinculados a la criminalidad mediante fiscalización diaria.

¿Qué papel cumplen los gobiernos locales y regionales?

Los gobiernos provinciales y el Gobierno Regional de Piura deben poner a disposición del CCO su infraestructura, equipamiento y logística. Además, participan en la recuperación de espacios públicos y en la red de información municipal.

Los alcaldes son responsables políticos y de enlace con los comités creados por el Decreto Supremo.

¿Qué mecanismos se habilitan para denuncias ciudadanas?

Se fortalece el uso de la Central Única de Denuncias y se promueve su difusión mediante campañas del Comité de Comunicación Estratégica. Las juntas vecinales también participan proporcionando información a través de un canal reservado habilitado por la División de Inteligencia Policial.

La información recopilada servirá para operativos de búsqueda y captura de personas requisitoriadas.

¿Qué se dispone sobre migración y control de extranjeros?

Migraciones podrá verificar y expulsar a ciudadanos extranjeros en situación irregular o con documentación falsificada. Estas acciones se realizarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú y bajo los procedimientos especiales vigentes.

La medida incluye el control de identidad y retención en casos necesarios.

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en ocho distritos de Piura. La medida restringe derechos constitucionales e involucra patrullajes, operativos, control territorial y acciones en penales. Se conformaron comités y comandos especializados para coordinar estrategias policiales, fiscales y de inteligencia. Los gobiernos locales y regionales deben brindar apoyo logístico. Se implementan acciones contra mercados ilegales y mecanismos de denuncia ciudadana. También se aplican restricciones penitenciarias y control migratorio. Todas las actividades se desarrollan bajo regulación específica y supervisión del Comando de Coordinación. El informe final será presentado al Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial al término de la medida.