Renuncia la ministra de Educación María Esther Cuadros

La ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, formalizó su renuncia irrevocable ante el despacho del presidente José Balcázar.

La determinación pone fin a un periodo de gestión que se inició el 17 de marzo de 2026, marcado en las últimas semanas por un incremento de las tensiones políticas con el Poder Legislativo a raíz de directivas internas del sector.

En el texto de la carta remitida a Palacio de Gobierno, la funcionaria detalló que coordinó acciones orientadas al fortalecimiento de las políticas de aprendizaje y extendió un agradecimiento a los maestros del país.

No obstante, su alejamiento se suscita en paralelo a las indagaciones fiscales y parlamentarias iniciadas por las bancadas de oposición.

¿Por qué el Congreso buscaba interpelar a la ministra de Educación?

El descontento de los legisladores se originó tras conocerse la intención del Ministerio de Educación de destituir al actual jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), Vicente Espinoza Santillán.

La decisión de la ministra Cuadros provocó que un grupo de 22 parlamentarios, integrados de forma mayoritaria por miembros de Fuerza Popular, presentara una moción para interpelarla en el pleno.

Los promotores del pliego interpelatorio señalaban la necesidad de que la ministra explicara los argumentos legales y técnicos detrás de la pretendida remoción del jefe del organismo supervisor de la calidad universitaria.

El debate de dicha moción quedó sin efecto práctico en la agenda de interpelaciones del hemiciclo tras confirmarse el abandono del cargo de la titular ministerial.

¿Qué acciones evalúa la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

A pesar de la dimisión de María Esther Cuadros, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso mantuvo fijada para este viernes 3 de julio de 2026 su décima tercera sesión ordinaria con el fin de revisar una denuncia constitucional entablada en su contra. El expediente fue promovido formalmente por la congresista Tania Ramírez García.

La acusación imputa a la exfuncionaria del Estado la presunta transgresión de los artículos 16, 39, 51, 119 y 128 de la Constitución, asociados a los deberes de los ministros y el principio de jerarquía normativa. El grupo de trabajo parlamentario deberá resolver si el informe final de la denuncia procede para su debate en la Comisión Permanente.