El PJ dicta impedimento de salida por 36 meses contra Villarán

El Poder Judicial ordenó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a solicitud del Ministerio Público, que argumentó que existen elementos que justificarían el riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso penal. La medida fue emitida por el Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez, en el marco del caso Lava Jato.

El fiscal a cargo del proceso solicitó esta medida tras advertir que Villarán aún no ha sido juzgada por el caso, pese a que en 2020 ya estuvo bajo prisión preventiva. Actualmente se encuentra bajo régimen de comparecencia, pero la Fiscalía considera necesario restringir su salida del país mientras continúan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

¿Qué hechos se le atribuyen a Villarán?

Villarán es investigada por presuntamente haber recibido más de US$ 10 millones de las constructoras OAS y Odebrecht para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y su posterior reelección en 2014. La entrega de estos fondos se habría realizado a cambio de beneficios contractuales y proyectos a favor de ambas empresas brasileñas.

En 2019, Villarán admitió públicamente que aceptó aportes de OAS y Odebrecht para su campaña del “No”, aunque rechazó haber recibido sobornos. El Ministerio Público sostiene que dichos aportes no fueron declarados ante los organismos electorales y que se usaron mecanismos irregulares para blanquear el dinero.

¿Cómo se relaciona esto con Línea Amarilla?

La investigación fiscal vincula estos aportes con decisiones tomadas durante la gestión de Villarán que habrían favorecido a las empresas que financiaron su campaña. Una de ellas fue la firma de la adenda al contrato de concesión de Línea Amarilla (Lamsac), que amplió el periodo de concesión y modificó condiciones tarifarias que perjudicaron al Estado.

Además, se le atribuye responsabilidad en la cancelación del proyecto Río Verde, que buscaba la recuperación de espacios públicos y prevención de riesgos por el desborde del río Rímac. Ese dinero fue redirigido para la construcción del bypass de 28 de Julio, en una decisión que también benefició a la concesionaria vinculada a OAS.

Estas decisiones son clave en la investigación del presunto lavado de activos, ya que habrían sido compensaciones políticas por los aportes de campaña.

¿Qué otras medidas se han tomado en su contra?

Villarán permaneció en prisión preventiva entre mayo de 2020 y abril de 2021, pero fue excarcelada debido a riesgos por la pandemia de COVID-19. Desde entonces, se encuentra bajo comparecencia restringida. El nuevo impedimento de salida busca asegurar su permanencia en el país mientras se avanza hacia una acusación formal o juicio oral.

El caso Lava Jato en el Perú sigue vigente con múltiples procesos en curso. La exalcaldesa es uno de los personajes políticos con procesos abiertos en más de una arista del caso, que involucra también a expresidentes y altos funcionarios de distintos niveles.