Hoy:

    Los mineros del partido Podemos Perú

    Cinco integrantes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz son integrantes de Podemos, partido liderado por José Luna Gálvez

    Cinco líderes de una asociación de mineros informales de Pataz se afiliaron a Podemos Perú en medio de votaciones clave sobre la minería informal. Video: Cuarto Poder

    Cinco líderes de una asociación de mineros informales de Pataz se afiliaron a Podemos Perú en medio de votaciones clave sobre la minería informal. En paralelo, una de sus empresas movió más de cuatro millones de dólares en mineral. Cuarto Poder revela los vínculos.

    Pataz vive bajo el asedio de la criminalidad y la minería ilegal. En esa convulsionada zona, varios dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz) se integraron al partido Podemos Perú, liderado por José Luna. Lo hicieron justo cuando el Congreso debatía la extensión del REINFO, mecanismo de formalización minera criticado por facilitar la impunidad.

    Afiliaciones clave y conexiones legislativas

    Uno de los nombres más visibles es José Torrealva Yparraguirre, presidente de AMA Pataz, exalcalde y figura influyente. Torrealva registra 28 visitas al Congreso entre 2023 y 2024, muchas durante debates sobre el REINFO. Se afilió a Podemos Perú en septiembre, junto a otros cuatro dirigentes:

    -Víctor Hugo Pariatón García.

    -Rosario García Julca.

    -Pedro Ramírez Aguilar.

    -Octavio Aranda Campos.

    Todos forman parte del consejo directivo de AMA Pataz. Esta afiliación grupal coincidió con las votaciones parlamentarias que permitieron ampliar el REINFO, una figura que, según expertos, beneficia a operaciones sin control.

    El especialista Iván Arenas advirtió en el reportaje que “estos proyectos buscan impunidad y disfrazan ilegalidad de formalidad”.

    Volquetes, oro y falta de control

    Torrealva es además gerente de Inversiones Daymart, empresa dedicada al transporte de mineral. Sus volquetes han sido monitoreados cruzando el punto de control policial de Chagualito entre enero y agosto de 2024.

    En ese periodo, al menos 34 volquetes transportaron 25 toneladas de oro, equivalentes a más de US$ 4 millones, según valores de mercado. El control policial en Chagualito es mínimo: solo tres efectivos revisan documentos, sin presencia de Sunat ni del Ministerio de Energía y Minas. “Aquí no se puede determinar si el oro es ilegal o no”, reconoció un oficial.

    Los volquetes transitan entre las 4 y las 6 de la mañana. Según Cuarto Poder, los conductores presentan papeles que cumplen con lo requerido, pero no hay forma de verificar la legalidad del origen del mineral.

    Minas atacadas y tensión permanente

    Mientras el oro circula sin control riguroso, la zona sigue siendo un campo minado. Las torres de alta tensión de minera Poderosa, empresa formal con concesiones en Pataz, han sido atacadas con dinamita al menos 17 veces desde 2022. Las explosiones paralizan los ventiladores esenciales para los socavones, dejando a los trabajadores sin oxígeno.

    Además, miembros de organizaciones criminales irrumpen en los túneles durante la noche. Cuarto Poder registró imágenes desde el interior de los socavones: túneles de 3 km de profundidad, sin seguridad estable, y un ambiente donde reina la incertidumbre.

    Los pocos mineros que aún realizan labores de mantenimiento viven en alerta constante. Las condiciones extremas, la informalidad y la violencia hacen de Pataz un territorio en disputa donde convergen intereses políticos, económicos y criminales.

    Resumen de la noticia en bullet points:

    Cinco dirigentes de AMA Pataz se afiliaron a Podemos Perú.

    Uno de ellos, José Torrealva, visitó el Congreso 28 veces entre 2023 y 2024.

    Su empresa, Inversiones Daymart, movió al menos US$ 4 millones en mineral.

    El punto de control de Chagualito no puede verificar si el oro es ilegal.

    Podemos apoyó la ampliación del REINFO, criticado por fomentar informalidad.

    La zona vive ataques con dinamita a torres eléctricas de minera Poderosa.

    El control estatal en la zona es mínimo y sin presencia de entidades clave.