Lo que declaró el candidato Roberto Sánchez ante la fiscalía

El candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, afronta un requerimiento acusatorio donde la fiscalía solicita una pena de 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. El Ministerio Público imputa al también congresista la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política.

Además de la pena de cárcel, la acusación fiscal solicita la sanción de inhabilitación contra el postulante, lo que implicaría la privación inmediata de su cargo como presidente de la organización política. El proceso penal se sustenta en las rendiciones de cuentas presentadas formalmente ante la ONPE durante tres años consecutivos.

¿Cuáles son las irregularidades detectadas en sus cuentas partidarias?

De acuerdo con las investigaciones, Roberto Sánchez presentó documentos oficiales ante la ONPE correspondientes a los periodos anuales 2018, 2019 y 2020. En dichos papeles, que llevan su firma y rúbrica, el representante legal del partido declaró bajo juramento que la agrupación política reportó cero soles en ingresos y egresos de financiamiento privado.

Sin embargo, el sistema electoral y la fiscalía detectaron la existencia de una presunta doble contabilidad. Mientras los informes oficiales declaraban cuentas vacías, diversos militantes que aspiraban a ser precandidatos en las elecciones internas realizaron depósitos bancarios de 300, 400 y hasta mil soles. Estos fondos no fueron reportados y tuvieron como destino final cuentas personales.

¿Cómo intentó justificar el candidato el destino de los fondos?

Durante sus declaraciones ante el Ministerio Público, Roberto Sánchez ofreció versiones contradictorias sobre el destino de un total de 204 mil soles depositados por los correligionarios de su partido. En un primer momento, el investigado alegó ante el fiscal que los montos correspondían al pago de tasas de inscripción que se tramitan ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Posteriormente, modificó su argumento afirmando que los fondos eran de manejo autónomo del Comit Electoral Nacional para cubrir útiles de oficina, directivas y viáticos, asegurando que no constituían fondos partidarios. No obstante, especialistas electorales precisaron que todo recurso recaudado para financiar procesos de elecciones internas es técnicamente un fondo partidario y su declaración ante la ONPE es obligatoria por ley.

¿A quién señala Roberto Sánchez como responsable de los cobros?

Ante las preguntas formuladas por las autoridades judiciales sobre por qué el dinero de los aportantes terminó en una cuenta de su entorno familiar, el candidato de Juntos por el Perú desvió la responsabilidad civil y penal hacia su propio hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, quien ejercía funciones como presidente del Comité Nacional Electoral del partido.

En sus declaraciones oficiales, el postulante presidencial afirmó textualmente que el comité presidido por su familiar directo sabrá dar cuenta de ello por ser el responsable directo de dicha gestión. Sin embargo, la fiscalía determinó que el hermano del candidato no firmó los balances falsos presentados ante el organismo supervisor, sino que fue el propio Roberto Sánchez quien estampó su rúbrica para certificar ante el Estado que el partido carecía de movimientos económicos.

¿Qué otros elementos falsos detectó la auditoría de la ONPE?

La investigación también dejó al descubierto otras declaraciones falsas presentadas por el líder de la organización de cara a los procesos electorales pasados. En el reporte anual de la campaña del año 2020, Roberto Sánchez consignó ante la ONPE un supuesto aporte en especie valorizado en 27,400 soles, bajo el concepto del uso de un local partidario cedido para las actividades de la agrupación.

Al realizar las verificaciones de campo obligatorias, la institución electoral tomó contacto con el ciudadano que figuraba en el papel como el aportante de la infraestructura. El supuesto contribuyente declaró formalmente ante los fiscalizadores que él jamás había realizado ninguna donación o cesión en favor de dicho partido político, confirmando la falsedad de la información. Las agrupaciones finalizan sus estrategias mientras la fecha de la segunda vuelta electoral está programada para el domingo 7 de junio.