Natale Amprimo: López Aliaga sabía que no podía postular a la reelección como alcalde

El abogado constitucionalista Natale Amprimo afirmó en entrevista con Cuarto Poder que la reciente resolución del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la candidatura de Rafael López Aliaga se ajusta estrictamente a la Constitución Política del Perú. El especialista sostuvo que la decisión emitida tras la revisión de oficio de las proclamaciones de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 —anunciada por la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo— constituye un dictamen de instancia final, definitivo e inimpugnable, amparado en el artículo 181 de la Carta Magna.

En sus declaraciones, Amprimo desestimó la efectividad de los recursos legales o acciones de amparo anunciados por López Aliaga. El jurista explicó que la vía del amparo electoral es un mecanismo excepcional y sumamente restrictivo que solo aplica frente a violaciones flagrantes de derechos fundamentales. En este caso, puntualizó que el postulante mantendrá su condición de regidor electo en la lista, respetando la regla constitucional que impide la reelección inmediata de alcaldes.

"Lo prohibido de manera directa no se puede admitir por otra vía"

El constitucionalista fue enfático al señalar que las restricciones legales para el ejercicio del cargo no pueden eludirse mediante candidaturas indirectas: "Lo que está prohibido por una vía no puede ser admitido por otra. Lo prohibido de una manera directa no puede ser vulnerado por la forma indirecta". En esa línea, remarcó que López Aliaga conocía la impedición constitucional para volver a asumir la alcaldía en el periodo 2027-2030.

Asimismo, Amprimo sostuvo que el JNE no debió permitir en su momento la renuncia de López Aliaga a su condición de senador electo, al recordar que el cargo parlamentario reviste carácter de irrenunciable e incompatible con la postulación a otra función pública. Finalmente, el analista restó dramatismo a la falta de unanimidad en la votación del colegiado electoral, indicando que los fallos adoptados por mayoría tienen plena firmeza y validez jurídica.