Huachipa: ¿cuáles son los cuestionamientos a la planta de tratamiento?

La planta de Huachipa fue inaugurada sin haber estado concluida

Planta de Huachipa. Foto: América Noticias

La reciente temporada de huaicos generó el fin de semana pasado la interrupción generalizada del suministro de agua en Lima Metropolitana. Según Sedapal, La Atarjea y Huachipa, las dos plantas que abastecen a la capital con las aguas del río Rímac no podían potabilizar el agua debido al nivel de turbidez con que llegaba a sus bocatomas. Sin embargo, la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa tiene fallas mucho más allá de cualquier huaico, fallas estructurales que hoy la misma Contraloría sospecha tienen origen en la corrupción.

La Contraloría de la República ha detectado que Sedapal permitió al Consorcio liderado por la empresa Camargo Correa hacerse de la buena pro de la construcción de la obra, cobrar por la misma y entregarla sin haberla terminado, dejando como consecuencia final que la planta nunca llegase a operar a la capacidad que debió por contrato. En medio de la actual escasez de agua, el ex presidente García publicó un tuit responsabilizando a Ollanta Humala de la situación actual de la planta de Huachipa.

Pero omitió decir que fue el 8 de julio del 2011, solo 20 días antes de dejar Palacio de Gobierno, que fue él mismo quien inauguró la planta que se suponía abastecería por los próximos 40 años de agua potable a casi 2 millones y medio de habitantes de los distritos de Carabayllo, Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Comas. La planta había sido construida en un punto del río Rímac más elevado que el de la Atarjea, por lo que no necesitaría de bombeo de agua, generando un significativo ahorro durante su operación. Sin embargo, cuando García inauguró la obra esta no había sido concluida.

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En octubre del 2015, Cuarto Poder denunció el estado en que la empresa contratista le había entregado la obra a Sedapal luego de construirla, operarla y darle mantenimiento durante los 4 años que estipulaba el contrato. Ya durante el gobierno nacionalista,  los muros de la bocatoma lucían derruidos, con los fierros expuestos y oxidados.

La primera irregularidad detectada por la Contraloría tiene que ver con el proceso de licitación de la obra. Sedapal convocó a la licitación pública en diciembre del 2007, en el gobierno aprista.  Y al año siguiente le adjudicó la buena pro al Consorcio Huachipa, conformado por la brasilera Camargo Correa, hoy implicada en el escándalo de corrupción Lava Jato, y la francesa OTV. El contrato se firmó pasada la fecha límite, entregándole al consorcio la buena pro de una obra de 304 millones de dólares, fuera del plazo legal.

Pero esa es solo la primera irregularidad. La Contraloría también ha detectado que en un momento de la construcción, la empresa señaló que no podía construir dos de los reservorios de agua exigidos por el contrato. Y Sedapal, sin sustento técnico ni justificación legal decidió que debían reemplazarse por uno nuevo que terminó generando un sobrecosto de más de 21 millones de soles.

Pero quizás la irregularidad más grave es que después de los 3 años que duró la construcción, “El comité de recepción de obras de Sedapal aprobó y recibió partes de las obras de la Fase 1 sin haber verificado que estas operaban satisfactoriamente y de acuerdo con el contrato, generando que no se entregue agua potable a octubre de 2011 con los estándares de calidad contractual”. Los funcionarios de Sedapal aceptaron la infraestructura sin siquiera comprobar que estaba operativa. Documentación emitida por el mismo Sedapal y por el supervisor con posterioridad a la fecha de recepción dan cuenta de que la calidad de agua producida no era la adecuada y existían filtraciones en las líneas de construcción.

Pero allí no quedó la cosa. Luego de recibir y aprobar la obra sin haber verificado que estaba operativa, dice el informe de Contraloría, “Sedapal aceptó el inicio de la etapa de operación y mantenimiento de la Fase 1 sin que esta contara con las condiciones técnicas y generó que no haya producción ni entrega de agua potable por aproximadamente 37 meses, sin embargo reconoció al contratista el pago de casi 50 millones de soles”. Pese a que la planta no estaba operativa, Sedapal autorizó que se inicie la etapa de operación y mantenimiento el 12 de julio del 2011, pero la planta no pudo procesar ni entregar agua potable a la población durante los siguientes 3 años. 

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Contraloría señala a una veintena de funcionarios de Sedapal como participantes en los hechos descritos. Entre ellos destacan el entonces gerente general de Sedapal, Jorge José Barco Martínez, el presidente del comité de recepción de obras, Guillermo Eduardo Quezada Távara, el jefe de equipo de inversión y ampliación de la cobertura, Rómulo Javier López Rafael y el jefe del Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima (Promesal), Umberto Olcese Ugarte. El nombre de Olcese Ugarte, coincidentemente aparece en documentación incautada a personajes allegados a la empresa Camargo Correa en el contexto de la mega investigación de corrupción Castillo de Arena, indagación que  reveló presuntos pagos de sobornos de la constructora Camargo Correa a altos funcionarios peruanos durante el gobierno de Alan García precisamente por la planta de tratamiento de Huachipa.

En los documentos incautados al directivo de Camargo y Correa, Pietro Giavina se señala a cuatro funcionarios peruanos como los receptores de las presuntas coimas por las obras de Huachipa: según el documento, el entonces ministro de Vivienda Hernán Garrido-Lecca habría recibido 1 millón de dólares, el fallecido ex vice ministro de Vivienda Juan Sarmiento, 450 mil dólares; el ex presidente de Sedapal, Guillermo León, 1 millón de dólares y el ex gerente de Promesal, 450 mil dólares. En el caso de Juan Sarmiento está acreditado que un pariente político suyo recibió una transferencia de 55 mil dólares a una cuenta en Miami desde la empresa panameña Valdarco Investment, off shore vinculada, según la fiscalía, con los fondos negros de Camargo Correa. Todos los funcionarios peruanos, incluido Garrido Lecca negaron haber recibido sobornos de la brasilera y el caso se archivó en Brasil porque la defensa de los investigados logró que las pruebas se declarasen ilegales.

Fue la denuncia de Cuarto Poder lo que motivó que la Contraloría inicie una investigación cuyo informe final señala que todas las irregularidades encontradas tuvieron un costo de 91 millones de soles para el estado. Además de habernos dejado con una obra que ha venido operando muy por debajo de la capacidad para la que fue diseñada. Recordemos que la planta debía abastecer de agua potable a 2 millones 400 mil habitantes de 6 distritos de Lima, pero hasta antes del huaico de la semana pasada le suministraba agua potable solo a parte de dos.

Actualmente la planta de Huachipa luce con los muros cubiertos por el denso caudal del río Rímac, pero Sedapal y la empresa Camargo Correa aseguran que luego de la denuncia, la empresa refaccionó las partes deterioradas.

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Según el contrato, la planta debía tener capacidad para producir y suministrar 5 metros cúbicos por segundo de agua potable de manera continua todo el año. Sin embargo, el jefe de gestión de plantas de Sedapal reconoció que la planta ha venido produciendo menos de la cuarta parte de lo que debería.

El huaico del 16 de marzo llenó de deshechos parte del área de captación de agua y rompió una tubería, imposibilitando el tratamiento de agua hasta la fecha. Las humalistas acusan a los apristas de haber construido una planta defectuosa. Y los apristas afirman que la responsabilidad es de Sedapal y del gobierno de Humala por no haber continuado con las obras necesarias para ampliar la capacidad de procesamiento de agua de la planta de Huachipa

La denuncia se encuentra en las manos del fiscal Hamilton Castro, quien ha incluido en su investigación el informe elaborado por la Contraloría que señala responsabilidades en una larga lista de funcionarios de Sedapal. Más de 5 años después de su inauguración, la planta de Huachipa, concebida como una obra indispensable para procesar y suministrar agua potable a buena parte de la población de la capital, sigue llena de agua turbia.

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