Defensoría pide suspender ley que penaliza a adolescentes
Defensoría pide al TC suspender ley que penaliza a adolescentes de 16 y 17
La Defensoría del Pueblo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la Ley n.° 32330. Esta norma permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos. Además, la institución pidió la suspensión inmediata de la ley mientras se resuelve el proceso de fondo.
La Defensoría considera que esta ley pone en riesgo los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Por eso ha solicitado una medida cautelar para evitar daños irreparables mientras el Tribunal evalúa si la ley es constitucional.
¿Por qué se considera que esta ley viola derechos humanos?
La demanda presentada por la Defensoría señala que la Ley n.° 32330 contradice tratados internacionales ratificados por el Perú. Menciona en particular la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen a los adolescentes y establecen un sistema especial de justicia para ellos.
También se advierte que la norma va contra la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que le da prioridad a los tratados internacionales sobre derechos humanos por encima de cualquier ley interna.
La institución considera que aplicar esta ley representa un retroceso en la protección de menores y una vulneración directa del marco legal peruano e internacional.
¿Qué pide exactamente la Defensoría al Tribunal Constitucional?
La Defensoría del Pueblo ha solicitado una medida cautelar para detener la aplicación de la ley mientras se estudia su constitucionalidad. El argumento principal es que permitir que entre en vigencia podría causar daños graves e irreversibles a adolescentes que aún no tienen la madurez legal para ser tratados como adultos.
Además, la institución ha reiterado su compromiso de defender los derechos fundamentales, especialmente de niñas, niños y adolescentes, y ha hecho un llamado a que las autoridades legislen respetando la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado.














