UNICEF y ONU rechaza ley peruana que penaliza a menores
Tres agencias de la ONU, incluida UNICEF, se oponen a la nueva ley que permite juzgar penalmente a adolescentes desde los 16 años en el Perú
UNICEF y otras dos agencias de Naciones Unidas emitieron un comunicado conjunto en el que piden al Estado peruano derogar la ley que permite juzgar penalmente a menores de entre 16 y 17 años.
La consideran ineficaz y peligrosa. Señalan que el 98% de delitos en Perú son cometidos por adultos, por lo que enfocar el castigo en los adolescentes no ayudará a mejorar la seguridad.
El comunicado advierte que aplicar penas de cárcel a jóvenes y encerrarlos con adultos puede aumentar la reincidencia delictiva, en lugar de ayudar a su rehabilitación.
Pone en riesgo a adolescentes
Según las agencias de la ONU, cuando los adolescentes son enviados a prisión junto con adultos, corren el riesgo de ser influenciados negativamente por personas con trayectorias criminales.
Esto afecta su proceso de desarrollo físico y emocional, y reduce sus oportunidades de reinserción social.
También recordaron que el Perú ha firmado tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben tratar a los adolescentes como si fueran adultos en el sistema de justicia penal.
Proponen alternativas
Las agencias no solo critican, también proponen alternativas. En lugar de encarcelar a los jóvenes, recomiendan fortalecer el sistema de justicia penal juvenil: crear leyes y tribunales especializados, y dar recursos suficientes a programas de prevención del delito y rehabilitación.
Además, invitaron al gobierno peruano a trabajar en conjunto con ellos y ofrecieron apoyo técnico para diseñar políticas públicas efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
El comunicado concluye solicitando a los tres poderes del Estado que reconsideren la decisión tomada y evalúen su derogación. También dejan abierta la posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise la norma si se presenta una demanda de inconstitucionalidad.
Mientras tanto, la polémica continúa, y organizaciones nacionales e internacionales seguirán observando cómo se aplica esta ley y qué efectos tiene en los adolescentes peruanos.














