Abogado de Dina Boluarte: fallo del TC no es impunidad

El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) ha generado debate sobre su alcance y efectos. En conversación con Canal N , Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, explicó que esta decisión no busca blindar a la mandataria, sino restaurar una norma histórica de gobernabilidad.

“El fallo a quien menos beneficia es a la presidenta Boluarte, porque ya sufrió todo lo que en este momento el Tribunal ha dicho que ya no va a ocurrir”, afirmó Campos.

¿Qué implica el fallo del Tribunal Constitucional?

El fallo del TC establece que la presidenta de la República solo puede ser investigada penalmente una vez que termine su mandato, salvo en los casos expresamente permitidos por el artículo 117 de la Constitución. Para Joseph Campos, esta decisión “es un aporte a la democracia” porque “restablece una situación que había sido interrumpida”.

El abogado explicó que durante los últimos años, cualquier denuncia contra un presidente podía convertirse en investigación. Esto, dijo, generaba inestabilidad política. “Una denuncia me entero con una mesa de partes y lo llevaba a una investigación que ciertamente generó múltiples situaciones que distrajeron al presidente o presidenta de la República”, señaló.

¿Se trata de un fallo solo para Dina Boluarte?

Campos negó que el fallo tenga un enfoque individual. Explicó que si bien el proceso competencial presentado ante el TC menciona a Boluarte, la regla restituida tiene efectos generales. “Esta sentencia va a provocar situaciones hacia adelante donde el nuevo presidente, quien fuere, va a tener la protección constitucional que permite tranquilidad y gobernabilidad”, indicó.

El abogado también aclaró que el fallo fue producto de un proceso legal entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, y no una medida personal. “No se trata de un beneficio particular como algunos interesados quieren hacer creer”, aseguró.

¿La presidenta seguirá rindiendo cuentas?

Uno de los principales cuestionamientos al fallo del TC ha sido la posibilidad de que implique impunidad. Sin embargo, Campos fue enfático: “No es verdad que esto contribuye a un nivel de impunidad”. Según explicó, el fallo solo posterga las investigaciones, no las elimina.

“Todos han sido investigados y procesados bajo la regla que el Tribunal está restableciendo”, recordó, en referencia a expresidentes como Alejandro Toledo, Alberto Fujimori, Alan García y Ollanta Humala. Además, subrayó: “Existe la presunción de inocencia, y nadie la rompe hasta que haya una sentencia”.

¿Qué dice la Constitución sobre los presidentes en funciones?

La base jurídica del fallo es el artículo 117 de la Constitución. Este señala que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente o evitar el funcionamiento de organismos electorales.

“Esta regla existe mucho antes, no ha aparecido con Dina Boluarte”, remarcó Campos, cuestionando que se hayan iniciado investigaciones por hechos no comprendidos en ese artículo.

¿Por qué es importante garantizar la gobernabilidad?

Campos afirmó que permitir que cualquier denuncia se convierta en investigación compromete la estabilidad del Ejecutivo. “Cada vez que hay una denuncia contra un presidente de la República hay un oprobio público que lo capitaliza políticamente y eso no se puede permitir”, dijo.

Desde su perspectiva, lo que se busca con este fallo es que el presidente pueda ejercer con tranquilidad. “La tranquilidad para que gobierne es fundamental para la política. Un presidente no es un funcionario que designamos por concurso. Un presidente lo elegimos todos”, señaló.

¿Existen precedentes internacionales similares?

Durante la entrevista, el abogado citó una reciente sentencia en Estados Unidos que también limita las investigaciones a presidentes en ejercicio por actos oficiales. “Ya no se puede investigar para siempre al presidente de la República”, comentó.

Campos consideró que esta tendencia es parte de una visión institucional que busca proteger la autoridad presidencial sin eliminar la fiscalización posterior. “La autoridad política debe tener un mínimo de resguardo para cumplir su función”, dijo.

¿Cuál fue el rol del Ejecutivo en este proceso?

El abogado indicó que el Ejecutivo actuó con responsabilidad institucional al presentar la demanda competencial. “Ha sido un acto de responsabilidad para con la democracia, no para con una situación de beneficio particular”, precisó.

También enfatizó que el proceso no fue improvisado y que el argumento jurídico se basó en casos anteriores y en la historia constitucional del país. “Este fallo no crea nada nuevo. Solo restablece lo que ya existía”, agregó.

¿Qué significa este fallo para el futuro?

Según Campos, la sentencia marca un precedente que permitirá a los futuros presidentes gobernar sin presiones indebidas, pero sin quedar exentos de rendición de cuentas. “Lo único que va a ocurrir es simplemente suspender [las investigaciones] como todos los presidentes en la historia republicana del Perú han gozado de esta situación”, concluyó.

El abogado de Dina Boluarte sostuvo que el fallo del TC no elimina la fiscalización, sino que restablece una regla histórica de gobernabilidad. Aclaró que la presidenta ya enfrentó investigaciones que no debieron ocurrir y que el fallo no implica impunidad, sino responsabilidad constitucional a futuro.