Fiscalía archiva investigación a Dina Boluarte por incendios
La Fiscalía concluyó que no hubo incumplimiento funcional directo ni dolo en la actuación del Ejecutivo.
Foto: Presidencia -Video: Canal N
El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez archivó la investigación contra Dina Boluarte por presunta omisión de actos funcionales durante los incendios forestales que afectaron a varias regiones entre agosto y septiembre de 2024. La medida también excluye de responsabilidad penal a exministros de su gabinete involucrados en la gestión de la emergencia.
La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía analizara informes técnicos, denuncias ciudadanas y testimonios de autoridades. El caso se originó por acusaciones de demora en declarar el estado de emergencia y falta de medidas inmediatas de respuesta.
¿Qué acusaciones motivaron la investigación contra Boluarte?
Las denuncias señalaban que el Gobierno no actuó de forma oportuna ante incendios de gran magnitud que dejaron más de 20 fallecidos. Se alegó que hubo retraso en declarar la emergencia y en coordinar acciones con gobiernos regionales y locales.
Las acusaciones también mencionaban contradicciones en declaraciones oficiales, como el contraste entre lo dicho por la entonces presidenta y la situación reportada desde las regiones afectadas.
¿Qué elementos descartó la Fiscalía para cerrar el caso?
El análisis del Ministerio Público concluyó que no existía una obligación funcional directa e inmediata por parte del Ejecutivo. Para declarar un estado de emergencia se requiere un procedimiento técnico previo, según lo establecido por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Tampoco se hallaron pruebas de dolo. La Fiscalía indicó que no se acreditó una voluntad deliberada de incumplir funciones por parte de los investigados.
¿Qué rol cumplen los informes técnicos en estos casos?
De acuerdo con el marco legal, el Ejecutivo solo puede declarar una emergencia tras recibir informes técnicos de organismos especializados como INDECI. En este caso, el informe que sustentó la declaratoria fue emitido el mismo día en que se publicó el decreto correspondiente.
La Fiscalía consideró que esto muestra que el Gobierno actuó dentro de los parámetros legales, sin incurrir en demora ilegal.
¿Qué regiones fueron las más afectadas por los incendios?
Durante la emergencia ambiental de 2024, regiones como Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca y Huánuco reportaron graves afectaciones. Además de las víctimas mortales, hubo cientos de personas heridas y daños a viviendas, cultivos y fauna silvestre.
El 95% de los incendios fueron atribuidos a causas humanas, como la quema de pastizales, según el informe de SERFOR.
¿Quiénes más fueron incluidos en la investigación archivada?
Además de Dina Boluarte, fueron investigados Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, y los titulares de las carteras de Salud, Ambiente, Defensa y Desarrollo Agrario. Todos fueron excluidos de responsabilidad penal.
El archivo de la investigación contra Dina Boluarte se aplica también a estos funcionarios, tras descartarse la configuración del delito de omisión de actos funcionales.
¿Cuál fue el marco legal analizado en el proceso?
La Fiscalía basó su análisis en el artículo 377 del Código Penal, que sanciona la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Para que exista delito, la conducta debe ser ilegal y dolosa.
En este caso, la Fiscalía consideró que las decisiones del Ejecutivo estuvieron condicionadas por el procedimiento establecido en el SINAGERD y no fueron arbitrarias ni contrarias a la ley.
¿Qué argumentos finales sustentaron el archivo del caso?
La Fiscalía concluyó que el proceso penal no puede utilizarse como herramienta para juzgar decisiones administrativas o políticas, si estas se ajustan al marco legal. El archivo se formalizó mediante la Disposición N.º 06 de la Carpeta Fiscal N.º 302-2024.
Según el fiscal Gálvez, la percepción pública de lentitud no constituye delito si se respetaron los procedimientos requeridos por ley.
La Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra Dina Boluarte y exministros de su gabinete por supuesta omisión de funciones ante los incendios forestales de 2024. El caso fue cerrado tras determinar que no existía una obligación funcional directa incumplida ni dolo. La declaratoria de emergencia se dio conforme al procedimiento técnico exigido por el SINAGERD. Informes de INDECI y testimonios respaldaron la actuación del Ejecutivo. La investigación se inició por denuncias ciudadanas ante presuntas demoras, pero la Fiscalía concluyó que las decisiones se ajustaron a la ley, sin configurarse delito de omisión de actos funcionales.
