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Estados Unidos lanza una ofensiva financiera y migratoria contra redes del fentanilo


El gobierno de Donald Trump promueve un proyecto presupuestario que, según sus voceros, busca eliminar el acceso a Medicaid para 1.4 millones de inmigrantes indocumentados. No obstante, un análisis del Congreso muestra que el recorte afectaría principalmente a programas financiados por estados, no a Medicaid federal.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó la propuesta —llamada por Trump “Big Beautiful Bill”— afirmando que la medida “protegería” Medicaid para quienes “realmente lo necesitan”. Sin embargo, la cifra de 1.4 millones surge de una estimación preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), que no menciona explícitamente a Medicaid ni a inmigrantes indocumentados, sino a personas sin estatus migratorio verificado.
El informe del CBO señala que, si se aprueba el proyecto, “un estimado de 1.4 millones de personas sin ciudadanía, nacionalidad o sin estatus migratorio verificado” perderían cobertura de programas exclusivamente estatales hacia 2034. Esto incluiría no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a personas con estatus legal parcial, como refugiados o residentes permanentes que aún no cumplen con los requisitos federales.
Samantha Artiga, directora del Programa de Equidad Racial y Políticas de Salud de KFF, explicó a Factchequeado que esa cifra no corresponde a Medicaid federal, sino a programas financiados sin apoyo del gobierno central. La confusión nace al mezclar estos servicios con Medicaid, pese a que los indocumentados no pueden acceder a ese programa en su forma federal.
Si bien Medicaid federal no cubre a inmigrantes indocumentados, 14 estados y el Distrito de Columbia ofrecen planes de salud financiados con fondos estatales. Además, existe Medicaid de Emergencia, que sí es financiado por el gobierno federal y cubre solo emergencias médicas graves. En 2023, este tipo de Medicaid representó apenas el 0.4% del gasto total del programa, según KFF.
Los hospitales que atienden estos casos reciben un reembolso federal por los servicios prestados, lo que demuestra que sí existe un mínimo soporte para personas sin estatus legal. El proyecto de Trump, sin embargo, no menciona qué ocurriría con el Medicaid de Emergencia, ni se detalla si este tipo de atención quedaría afectada.
La cifra utilizada por la Casa Blanca proviene también de una nota publicada por el medio ultraconservador Breitbart, que ha sido calificado como “cuestionable” por Media Bias Fact-Check por difundir desinformación y propaganda. Breitbart afirmó que el Comité de Energía y Comercio incluyó una cláusula en la propuesta que impide cobertura a quienes no verifiquen su ciudadanía o estatus migratorio.
Aunque esa cifra coincide con la del CBO, el informe original no afirma que todos sean indocumentados ni que estén en Medicaid. Además, publicaciones del comité y de su presidente, Brett Guthrie, mencionan un aumento de hasta 8.6 millones de personas sin seguro hacia 2034, lo cual se proyecta como efecto acumulativo de varios recortes del proyecto.
Actualmente, existe un sistema llamado "Verificación Sistemática de Extranjeros para el Derecho a Beneficios" (SAVE, por sus siglas en inglés) que permite a agencias verificar si una persona es elegible para programas públicos. Si bien ya es un filtro para el acceso, el proyecto busca endurecer los requisitos.
Para ser reconocido por SAVE, el inmigrante debe presentar documentación oficial, como el formulario G-845 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Este control ya está vigente, lo que hace cuestionable la necesidad de medidas adicionales para “proteger” Medicaid, como afirma la Casa Blanca.





