El Salvador: Aplicará la cadena perpetua a los menores de edad

A partir del próximo domingo 26 de abril de 2026, El Salvador marcará un hito en su política judicial al implementar la cadena perpetua para adolescentes de entre 12 y 18 años. Esta medida, ratificada por el gobierno de Nayib Bukele, se aplicará a menores que cometan delitos de alta gravedad, tales como homicidio, feminicidio, violación o por la pertenencia demostrada a pandillas. Con esta disposición, el país centroamericano rompe definitivamente con el modelo de justicia juvenil tradicional que priorizaba la resocialización.

Ruptura del modelo de justicia juvenil

La reforma constitucional introduce cambios estructurales en la Ley Penal Juvenil, el Código Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley contra el Crimen Organizado. Hasta antes de este cambio, las penas máximas de internamiento para menores de 12 años eran de 10 años, mientras que para los mayores de 16 años el límite era de 15 años. En casos vinculados a terrorismo, la sanción no excedía los 20 años.

Con el nuevo marco legal, cuando un delito esté tipificado con prisión perpetua en el Código Penal, la condena será automática para el adolescente, eliminando cualquier margen de discrecionalidad para los jueces. La modificación al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil es taxativa: “En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta”. No obstante, la normativa establece una diferencia con los adultos: los menores tendrán una revisión obligatoria de su condena una vez cumplidos los 25 años de encarcelamiento, fijando así la primera oportunidad para evaluar una posible liberación.

Juicios masivos y tribunales especializados

Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la exclusión de los menores procesados bajo la Ley contra el Crimen Organizado del alcance de la Ley Penal Juvenil. Bajo este nuevo esquema, los adolescentes acusados de integrar maras o pandillas serán sometidos a juicios masivos, una práctica que el gobierno ya aplica con adultos. Estos procesos se llevarán a cabo en Tribunales Especializados en Crimen Organizado y no mediante procedimientos juveniles ordinarios.

El dictamen legislativo señala que estos juicios podrán extenderse hasta por 24 meses, con la posibilidad de una prórroga adicional de 12 meses. Durante el tiempo que dure el proceso y la posterior condena, los jóvenes cumplirán sus penas en centros penitenciarios de adultos, aunque bajo una política de separación por rangos de edad. Esta práctica busca, según el discurso oficial, frenar de manera drástica la operatividad de las organizaciones criminales desde sus bases más jóvenes.

Restricciones y delitos exceptuados

Para delitos que no están catalogados como perpetuos, como el robo agravado, el secuestro o la extorsión —cuando no se vinculen a organizaciones criminales específicas—, el internamiento máximo para menores se mantendrá en 15 años. Asimismo, el régimen de libertad controlada ha sufrido restricciones severas, permitiéndose únicamente a quienes cumplan con el mínimo de años establecidos y otras condiciones adicionales de conducta.

La entrada en vigor de esta reforma el 26 de abril posiciona a El Salvador como uno de los países con la legislación penal juvenil más severa del continente. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para la seguridad nacional, diversos organismos internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto de estas condenas en la niñez y adolescencia.