TC determina límites al derecho a la protesta pacífica en Perú
La resolución precisa que la violencia no está protegida pero anula penas por donar agua o comida.
Foto y video: Canal N
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el delito de colaboración en protestas al determinar que su redacción legal era imprecisa.
La decisión dictada anuló parte del Decreto Legislativo 1589, norma aprobada por el gobierno en diciembre de 2023.
El Tribunal Constitucional es la máxima instancia encargada de interpretar la Carta Magna y proteger los derechos fundamentales en el Perú.
Según la resolución, la norma aprobada por el Ejecutivo vulneraba el derecho a la protesta pacífica al sancionar actos de apoyo logístico y solidario durante las movilizaciones.
¿Por qué el Tribunal Constitucional eliminó el delito de colaboración en las protestas?
El Tribunal Constitucional eliminó el delito de colaboración en las protestas porque concluyó que la ley sancionaba apoyos solidarios legítimos como donar alimentos o agua.
La norma eliminada fijaba penas de 3 a 5 años de cárcel en el Código Penal para quienes entregaban bienes a los marchantes.
Los magistrados señalaron que la ley provocaba "generalizaciones en perjuicio de quienes ejercen legítimamente actos de apoyo solidario, por ejemplo, en manifestaciones pacíficas". El tribunal aclaró que preparar una marcha o donar suministros no constituye un delito dentro del sistema legal peruano.
La demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Puno permitió retirar el artículo 3 del Decreto Legislativo 1589. La institución judicial determinó que brindar mascarillas, alojamiento u organizar ollas comunes son acciones protegidas por la Constitución.
¿Qué conductas sí continuarán siendo sancionadas por el Código Penal durante las marchas?
Las conductas que sí continuarán siendo sancionadas por el Código Penal son los actos de violencia, los disturbios y el bloqueo de servicios públicos.
De acuerdo con el fallo, la violencia no se encuentra protegida bajo el concepto de protesta pacífica en el país.
El máximo tribunal ratificó que la destrucción de la propiedad pública y privada configura un delito agravado que debe ser procesado por el Poder Judicial. Asimismo, las fuerzas del orden mantendrán sus atribuciones para despejar las vías públicas bloqueadas por manifestantes.
Las investigaciones del Ministerio Público deberán diferenciar entre quienes ejercen su derecho a manifestarse y quienes cometen delitos flagrantes. La justicia aplicará las penas correspondientes solo a las personas que generen daños materiales o atenten contra la integridad física.
¿Qué reglas deberán cumplir las autoridades al crear nuevos delitos en el país?
Las reglas que deberán cumplir las autoridades al crear nuevos delitos exigen que las leyes penales redactadas por el Congreso de la República sean claras e indeterminadas.
El tribunal estableció que los vacíos legales no pueden ser aprovechados para recortar derechos ciudadanos.
La sentencia fijó que toda norma sancionadora debe definir con exactitud la conducta prohibida para evitar abusos de autoridad. De acuerdo con el fallo, los vacíos de redacción vulneran la seguridad jurídica de la población durante las movilizaciones públicas.
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