Sicarios a los doce años: Menores inimputables en el Callao

El uso sistemático de menores de edad de entre 12 y 14 años por parte de organizaciones criminales dedicadas al sicariato, la extorsión y el cobro de cupos ha encendido las alarmas en la provincia constitucional del Callao. Bandas delictivas como "Los Calacos" y "Los Iluminati" aprovechan los vacíos legales y el estatus de inimputabilidad de los infractores para utilizarlos como ejecutores de crímenes de sangre en zonas críticas como Los Barracones.

Un reportaje de Domingo al Día reveló que, entre enero y abril del presente año, el primer puerto registró un total de 80 homicidios, de los cuales más del 97% se perpetraron mediante el uso de proyectiles de armas de fuego. Frente a esta crisis, las autoridades municipales y los especialistas en salud mental advierten que los jueces de familia se ven obligados a devolver a los adolescentes intervenidos a sus padres debido al blindaje de las normas penales vigentes.

¿Quiénes son los menores implicados en crímenes de sangre en el Callao?

Las investigaciones policiales del Escuadrón Verde y el Grupo Terna pusieron al descubierto el accionar de un menor de 14 años identificado bajo el alias de "Juanka". A pesar de su corta edad, este adolescente registra múltiples intervenciones en diversas dependencias policiales del Callao y es sindicado por la inteligencia policial como el nexo operativo entre los ejecutores callejeros y los cabecillas de las mafias portuarias.

"Juanka" lideraba una facción que incluía a un niño de tan solo 12 años conocido como "Eythan", quien era entrenado en inmuebles usurpados de forma violenta y posaba en redes sociales portando armas de corto alcance y subfusiles Mini Uzi. Esta red de menores perpetró el asesinato de Luz Angélica López, una trabajadora de salud hospitalaria, durante un ataque armado ejecutado el pasado 19 de marzo.

El historial de impunidad de estos menores tuvo un desenlace fatal cuando la banda rival, "Los Iluminati", planificó un reglaje minucioso contra el pequeño "Eythan". El menor de 12 años fue emboscado y asesinado a balazos en la vía pública, evidenciando el ciclo de violencia y exterminio que sufren los adolescentes reclutados por el hampa chalaca.

¿Qué establece el proyecto de ley impulsado por el municipio del Callao?

Ante el rechazo judicial de internar a los infractores de corta edad, el Concejo Municipal del Callao aprobó y firmó un proyecto de ley que propone modificar de manera excepcional el Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal. La propuesta técnica plantea el establecimiento de Medidas Excepcionales de Protección Intensiva dirigidas a menores de entre 12 y 14 años involucrados en delitos graves.

El alcalde del Callao, Ciro Castillo, explicó que la iniciativa busca la creación de albergues diferenciados y cerrados que cuenten con asistencia psicológica, psiquiátrica y talleres de reinserción técnico-laboral. "Lo que proponemos es crear centros de rehabilitación especializados para reincorporar a estos jóvenes a la sociedad, siguiendo modelos de éxito que ya se aplican en Colombia", precisó la autoridad edil.

La necesidad de esta legislación se fundamenta en evitar el hacinamiento y la contaminación criminal dentro de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación tradicionales. Actualmente, los menores de 12 o 14 años son recluidos en los mismos pabellones junto a internos que ingresaron a los 15 años y que hoy superan los 20 años de edad, transformando los centros de Readaptación en escuelas delictivas avanzadas.

¿Cómo afecta el fallo del Tribunal Constitucional a la seguridad urbana?

El debate sobre la responsabilidad de los menores infractores se intensificó tras la publicación de una reciente resolución del Tribunal Constitucional. El máximo intérprete de la Carta Magna desestimó una polémica normativa que pretendía procesar y sentenciar a los adolescentes de 16 y 17 años bajo los alcances del sistema penal ordinario de adultos.

El fallo constitucional dejó sin efecto las disposiciones que buscaban anular los beneficios procesales a los menores involucrados en sicariato, extorsión u homicidio calificado, priorizando los tratados internacionales de derechos del niño. Esta decisión judicial deja a los operadores de justicia y a la Policía Nacional sin herramientas punitivas severas para frenar el reclutamiento de menores en los barrios chalacos.

El psicólogo investigador Ricardo Fabris señaló que las organizaciones criminales instrumentalizan estas garantías constitucionales para estructurar sus escuelas de iniciación delictiva. Las bandas captaban a los niños aprovechando contextos de deserción escolar, violencia familiar y pobreza extrema, ofreciéndoles armas y dinero para obtener reconocimiento y estatus dentro de los callejones del primer puerto.