Hoy:

    Policía brinda seguridad a Patricia Benavides y Delia Espinoza

    La Policía Nacional aclara que no reconoce a fiscal de la Nación alguna y brinda seguridad a ambas por igual ante la actual pugna institucional

    Comunicado de la PNP. Video: Canal N

    En un comunicado oficial, la Policía Nacional del Perú aclaró que no reconoce a ninguna persona como Fiscal de la Nación. Según la institución, ese no es un rol que le corresponda ni forma parte de sus funciones. Esta declaración fue motivada por la difusión de un documento interpretado erróneamente como un respaldo a Patricia Benavides.

    La policía explicó que el documento cuestionado era una respuesta formal a una solicitud recibida junto a una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que se ordenaba restituir a Benavides. Esa respuesta, indican, fue procesada conforme a la normativa vigente, sin tomar partido en el conflicto.

    ¿Quiénes cuentan con seguridad asignada por la PNP?

    Ambas. Tanto Patricia Benavides como Delia Espinoza, quienes actualmente se disputan la titularidad del Ministerio Público, cuentan con protección asignada por la Policía Nacional. Según el comunicado, esta medida se tomó “en estricto respeto al orden democrático”, en un contexto marcado por la incertidumbre institucional.

    La policía recalcó que su papel es preservar la seguridad, no definir quién tiene la legitimidad del cargo. Por eso, se ha brindado el mismo servicio de seguridad a ambas figuras, mientras se resuelve la disputa legal y administrativa.

    ¿Por qué es importante esta decisión?

    Porque aclara una información brindada previamente. La Policía señaló que no puede “prevalecer el desorden ni la pugna de intereses sobre el orden constitucional”.

    En su comunicado, la Policía Nacional subrayó que el país necesita “unidad y compromiso para enfrentar con firmeza el desafío de la criminalidad”.

    ¿Qué mensaje envía la Policía con este comunicado?

     La PNP aseguró que actúa conforme al Estado de derecho y que atiende solicitudes tanto de autoridades como de personas particulares, sin preferencias políticas. Esta postura busca reafirmar su rol como una entidad que protege, pero no interviene en disputas de poder.

    Este pronunciamiento también puede entenderse como un intento por reducir tensiones entre el Poder Judicial, la Fiscalía y otros actores políticos.