Hoy:

    Delia Espinoza demanda al Congreso por inhabilitación de 10 años

    Delia Espinoza presentó una demanda de amparo para revertir la decisión del Congreso que la excluye del sector público por 10 años

    Espinoza demanda al Congreso por vulnerar su derecho al debido proceso. Foto: Andina. Video: Canal N

    Delia Espinoza, exjueza suprema, presentó una demanda de amparo contra el Congreso de la República luego de que fuera inhabilitada por 10 años para ejercer cualquier cargo público. La exmagistrada sostiene que se violaron sus derechos y que el proceso parlamentario fue arbitrario.

    En el documento, Espinoza señala que el Congreso vulneró su derecho al debido proceso durante la denuncia constitucional en su contra. Por ese motivo, acudió al Poder Judicial para pedir que se anule la sanción y se protejan sus derechos fundamentales.

    ¿Qué reclama Delia Espinoza?

    La demanda sostiene que no se respetaron las garantías mínimas del debido proceso. Según su versión, no tuvo una defensa adecuada ni se siguieron las reglas establecidas en el reglamento del Congreso. También se menciona que el procedimiento fue rápido y sin una evaluación justa.

    Espinoza cita el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y varios artículos de la Constitución que protegen el derecho a ser juzgado de forma justa.

    ¿Por qué fue inhabilitada?

    El Congreso aprobó una inhabilitación de 10 años contra Espinoza tras una denuncia constitucional. Esta decisión le impide trabajar en cualquier cargo público. La medida generó controversia, ya que algunos sectores cuestionaron la rapidez y legalidad del proceso.

    Espinoza sostiene que no tuvo oportunidad real de defenderse y que la decisión fue tomada de manera política, sin una evaluación imparcial.

    ¿Qué busca con la demanda?

    La exjueza suprema pide al Poder Judicial que anule la decisión del Congreso y que le restituyan sus derechos. También solicita que se reconozca que el proceso vulneró garantías básicas como la defensa, la imparcialidad y la motivación adecuada de las decisiones.

    Ahora será un juzgado constitucional el que evaluará si hay fundamentos suficientes para dejar sin efecto la sanción impuesta por el Congreso. Mientras tanto, Delia Espinoza sigue fuera del servicio público.