Plantean cárcel por denuncias falsas en violencia familiar

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha presentado una propuesta que plantea sancionar con prisión a quienes interpongan denuncias falsas en procesos de violencia familiar. Según el texto, se busca castigar a quienes utilicen estos procesos de manera indebida para obtener beneficios legales como medidas de protección o la pérdida de custodia del otro progenitor.

Muñante asegura que la medida busca evitar abusos dentro del sistema judicial y que la intención no es revictimizar, sino garantizar justicia en ambos sentidos.

¿Qué sanciones contempla la propuesta?

El proyecto establece penas de entre tres a seis años de prisión, además de entre 365 y 730 días de multa. También se plantea la inhabilitación para profesionales que adulteren peritajes, documentos o informes médicos que sirvan como base para iniciar estos procesos.

En sus declaraciones, el congresista mencionó que hay casos en los que las denuncias carecen de pruebas desde el inicio, lo que, según él, debería levantar sospechas sobre su veracidad.

¿Quiénes están en contra de esta iniciativa?

La propuesta ha generado polémica en diversos sectores. La congresista Ruth Luque del Bloque Democrático Popular calificó la iniciativa como “una lógica perversa que criminaliza violentamente a la víctima”. Para ella, podría desincentivar la denuncia de casos reales por miedo a represalias legales si no logran probar su caso.

Asimismo, Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Flora Tristán, advirtió que este tipo de propuestas implican un retroceso en los avances logrados para proteger a las víctimas. Según ella, en lugar de avanzar en el acceso a la justicia, se generaría desconfianza en el sistema.

¿Qué dice el autor del proyecto frente a las críticas?

Muñante respondió señalando que la iniciativa no pretende perseguir a las víctimas reales, sino sancionar los casos en que se busca manipular el sistema judicial. “Esto es para evitar que se use indebidamente las medidas de protección, de alejamiento, o la pérdida de patria potestad”, expresó.

Reconoció que la violencia familiar es un tema grave, pero consideró que también es necesario proteger el debido proceso para los denunciados falsamente.

¿Qué sigue ahora con esta propuesta?

El proyecto de ley será evaluado en las comisiones de Justicia y de la Mujer del Congreso. Estas instancias analizarán su viabilidad legal y constitucional, además de recoger opiniones de expertos y organizaciones civiles.

De ser aprobado en comisiones, el proyecto podría pasar al Pleno del Congreso, donde se definiría si entra o no en vigencia. Por ahora, continúa el debate público sobre si esta medida protegería el sistema o si podría terminar intimidando a víctimas reales.