PJ ordena a Fiscalía definir futuro del caso Los Niños

El Poder Judicial ha emitido una orden clara: la Fiscalía de la Nación debe concluir la investigación contra los 13 congresistas involucrados en el denominado Caso Los Niños. El plazo legal de 36 meses para la etapa preliminar venció en mayo y, desde entonces, no se ha definido si se archivará el expediente o se interpondrá una denuncia constitucional ante el Congreso.

La medida fue adoptada tras un recurso presentado por los abogados de dos congresistas investigados, quienes pidieron aplicar el control de plazos. Con esta decisión, el Ministerio Público está obligado a actuar de inmediato, después de más de tres años de indagaciones por presunta corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.

¿Quiénes son los congresistas investigados?

Los parlamentarios bajo sospecha fueron apodados como “Los Niños”, en alusión a su supuesta subordinación política al expresidente Pedro Castillo. Entre ellos se encuentran Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori, Darwin Espinoza e Ilich López.

La investigación apunta a que estos legisladores habrían sido parte de una red criminal que utilizó su poder para interferir en nombramientos públicos y en decisiones dentro del Ministerio de la Producción y otras entidades estatales. Su rol sería el de asegurar el respaldo político a cambio de cuotas de poder en el aparato público.

¿Por qué se venció el plazo de la investigación?

La ley establece un plazo máximo de 36 meses para que el Ministerio Público desarrolle la fase preliminar de una investigación. En el Caso Los Niños, ese plazo venció en mayo de este año. No obstante, la Fiscalía no había definido una acción formal: ni archivó la causa ni presentó denuncia constitucional.

Julio Espinoza, abogado penalista que representa a uno de los congresistas, señaló que se encuentran en un periodo extemporáneo. “Ya estamos dos meses y medio de un plazo vencido. La Fiscalía tiene que definir su posición”, expresó.

¿Qué opciones tiene la Fiscalía?

El Ministerio Público solo tiene dos caminos legales: archivar la investigación si considera que no hay pruebas suficientes o elevar una denuncia constitucional al Congreso. Esta denuncia implicaría que se inicie un proceso para levantar el fuero parlamentario, condición necesaria para que el caso pueda pasar al Poder Judicial.

Sin embargo, este trámite en el Congreso podría enfrentarse a obstáculos políticos. Si el Parlamento no aprueba el levantamiento del fuero, el proceso penal quedaría estancado, incluso si existen indicios suficientes.

¿Qué dice la defensa legal sobre el manejo del caso?

Los abogados defensores han cuestionado el ritmo de la investigación. Julio Rodríguez, otro abogado penalista vinculado al caso, calificó de “crítica” la situación del Ministerio Público. “Treinta y seis meses para un caso que fue de conocimiento público. Es una Fiscalía en crisis”, afirmó.

También criticó el hecho de que hace apenas dos meses se haya solicitado el levantamiento del secreto bancario de los investigados, una medida que en su opinión debió ser una de las primeras diligencias del caso. “Lo primero que tengo que levantar en delitos de esta naturaleza es el secreto bancario. Lo segundo, las comunicaciones”, explicó.

¿Qué consecuencias puede tener si se archiva el caso?

Si el Ministerio Público decide archivar la investigación, los 13 congresistas quedarán libres de toda responsabilidad en este proceso. Además, conservarán su inmunidad parlamentaria durante su mandato y por cinco años adicionales una vez culminado su periodo.

Esto ha generado preocupación en sectores de la opinión pública, ya que se teme que, de archivarse el caso, se consolide un mensaje de impunidad. Varios de los implicados han sido señalados públicamente en múltiples ocasiones, y la demora en definir responsabilidades debilita la percepción de justicia.

¿Cómo afectaría al Congreso si se presenta una denuncia?

En caso de presentarse una denuncia constitucional, el Congreso tendrá que decidir si levanta o no el fuero de los legisladores investigados. Este proceso pasa por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y, finalmente, el Pleno del Congreso.

Este escenario pondría a prueba la voluntad del Parlamento para permitir que sus propios integrantes respondan ante la justicia. En el pasado, procesos similares han sido bloqueados o demorados por mayorías parlamentarias, lo que podría repetirse si no hay presión pública.

¿Qué implica esta orden para la ciudadanía?

Para los ciudadanos, este caso es emblemático. Representa el vínculo entre el poder político y la presunta corrupción institucional durante el mandato de Pedro Castillo. El vencimiento del plazo sin resultados concretos refuerza el sentimiento de desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

El desenlace del caso también determinará si se fortalece o debilita el sistema de control político-judicial en el país. Si se archiva sin explicación, se perderá una oportunidad clave de sancionar el uso indebido del poder parlamentario.

¿Qué se espera que ocurra en los próximos días?

La Fiscalía deberá anunciar su decisión en un plazo razonable. Si opta por denunciar, el caso tomará una dimensión política en el Congreso. Si archiva, quedará en manos de la sociedad y los medios mantener la presión para que se expliquen las razones detrás de esa decisión.

Cualquiera que sea el camino, lo cierto es que el Caso Los Niños marcará un precedente sobre cómo se maneja la rendición de cuentas de los congresistas en ejercicio y si el sistema político está dispuesto a autorregularse.