PJ: cambios en ley debilitan lucha contra redes criminales

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, alertó que la reciente modificación de la Ley de Extinción de Dominio —aprobada por el Congreso mediante la Ley 32326— debilita la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y el lavado de activos. Según la magistrada, esta reforma obstaculiza un mecanismo eficaz que ha permitido recuperar bienes obtenidos de manera ilícita, incluso en casos donde no existe una sentencia penal firme.

“La extinción de dominio ha sido una herramienta clave contra estructuras criminales que operan con sofisticación y anonimato. Esta reforma significa un retroceso preocupante”, aseguró.

¿Qué consecuencias puede tener esta reforma?

Tello subrayó que la modificación normativa no solo frena avances en la lucha contra delitos complejos, sino que también contradice compromisos internacionales asumidos por el Perú, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De continuar por este camino, el país podría ingresar a listas de alto riesgo que afectarían su imagen internacional, su acceso al financiamiento de organismos multilaterales y su candidatura a ingresar a la OCDE. “No podemos alejarnos de los estándares internacionales en momentos donde la criminalidad exige más firmeza del Estado”, dijo.

¿Cuál es el llamado del Poder Judicial?

Frente a este escenario, la presidenta del PJ reiteró el compromiso del sistema judicial con la legalidad, la transparencia y la eficiencia. Pidió abrir un debate técnico sobre la efectividad de los instrumentos jurídicos que permiten combatir a las redes criminales y recuperar activos ilícitos sin la necesidad de una sentencia penal previa.

“Tenemos que seguir sumando esfuerzos desde nuestras distintas funciones para ofrecer una justicia coherente y firme contra el crimen organizado”, concluyó Tello.

La advertencia de la titular del Poder Judicial llega en un momento en que se busca fortalecer el sistema de justicia frente a estructuras delictivas cada vez más complejas. La reforma, según Tello, apunta en la dirección contraria.