Cambios en Extinción de Dominio afectan lucha contra el crimen

El Poder Judicial (PJ) expresó su preocupación por la reciente modificación a la Ley de Extinción de Dominio. Según la institución, esta reforma podría debilitar la capacidad del Estado para decomisar bienes de origen ilícito sin condena penal, una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado.

El pronunciamiento señala que esta medida afectaría directamente los esfuerzos contra delitos como el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y el lavado de activos, ya que los bienes seguirían en manos de organizaciones criminales mientras no exista una condena firme.

¿En qué consiste la Ley de Extinción de Dominio?

Es una norma que permite al Estado recuperar bienes ilegales —como casas, vehículos o cuentas bancarias— sin necesidad de una sentencia penal previa. Se utiliza especialmente en casos donde no es posible juzgar al verdadero dueño del bien, por ejemplo, cuando actúan testaferros.

Desde 2019, esta ley permitió recuperar más de 172 millones de dólares en activos relacionados con delitos complejos. El Poder Judicial considera que esta reforma pone en peligro un instrumento legal que ha dado resultados concretos.

¿Cómo nos afecta como país?

Uno de los mayores riesgos, según el Poder Judicial, es que Perú sea incluido en listas internacionales como la “gris oscura” o la “lista negra” de países que no cumplen con normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto afectaría nuestra reputación y acceso al sistema financiero internacional.

Además, podría impedir el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una meta clave del gobierno. También se complica la evaluación que hará el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) entre 2025 y 2029.

¿Quién aprobó esta ley y por qué es polémica?

El Congreso aprobó la reforma el 10 de abril con 42 votos a favor y fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte. La iniciativa fue rechazada desde el inicio por instituciones clave como el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Incluso el propio Minjus advirtió en tres oportunidades que la norma “beneficiaría” a las organizaciones criminales. A pesar de ello, el Ejecutivo decidió oficializarla antes de que venciera el plazo para observarla.

¿Qué podría pasar ahora?

El Poder Judicial ha pedido reconsiderar la ley para evitar un retroceso en la lucha contra el crimen. Si la norma se mantiene, la capacidad del Estado para frenar redes delictivas podría verse seriamente limitada, especialmente en regiones golpeadas por la violencia.