Operativo ONPE: El allanamiento de la fiscalía a Piero Corvetto

La Fiscalía de la Nación ejecutó un allanamiento en la vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como parte de una investigación por presuntas irregularidades y delitos cometidos durante su gestión. Los investigadores sostienen que detrás de las negligencias ocurridas en el último proceso electoral, como mesas de sufragio que no abrieron y material que no llegó a tiempo, existe una trama delictiva que involucra directamente a Corvetto y a funcionarios de su confianza. El operativo incluyó la visualización de información en sus teléfonos celulares, diligencia que inicialmente se vio demorada por la exigencia del investigado de contar con la presencia de su abogado.

¿Cómo se vincula a la empresa Galaga con esta investigación?

La tesis del Ministerio Público apunta a un esquema diseñado para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.. Según las indagaciones, funcionarios designados por la propia gestión de Corvetto habrían suscrito actas de conformidad y verificación con información falsa. Un ejemplo clave es la firma de documentos el 10 de abril —dos días antes de los comicios— que daban por cumplidos los requisitos de las unidades de transporte y conductores, cuando en realidad estas actas habrían sido elaboradas recién el 14 de abril para cubrir omisiones y faltas de la empresa.

¿Quiénes son los otros implicados en la presunta red de colusión?

Además de Piero Corvetto, la Fiscalía solicitó inicialmente la detención preliminar de otros funcionarios clave de la ONPE, aunque esta medida fue denegada por el juez Manuel Chuyo. La investigación se centra en los responsables de las áreas de contrataciones y logística que permitieron que Galaga operara pese a no cumplir con los términos de referencia. Entre las piezas clave se encuentra Lilia Flores Bancho, especialista en contrataciones, quien habría establecido criterios técnicos específicos, como la reducción de medidas exigidas a los vehículos, para beneficiar directamente a dicha proveedora.

¿Cuál fue el impacto de estas decisiones en el proceso electoral?

El presunto favorecimiento a Galaga no solo representó un perjuicio económico al Estado, sino que afectó el derecho al voto de miles de ciudadanos. Debido a la incapacidad logística de la empresa y a la falta de fiscalización real por parte de la ONPE, se produjeron alteraciones en los cronogramas de despliegue, lo que resultó en centros de sufragio que nunca se instalaron. El operativo fiscal busca ahora reconstruir la ruta de estas decisiones para determinar quiénes diseñaron y ejecutaron el plan que puso en jaque la transparencia del sistema electoral.

¿Qué evidencias se incautaron durante las diligencias?

Tras más de cuatro horas de intervención en la vivienda de Corvetto y en la sede central de la ONPE, el equipo fiscal incautó material relevante que será sometido a peritaje. Los investigadores buscan pruebas de comunicaciones internas y documentos ocultos que confirmen el acuerdo colusorio entre la entidad y los representantes de Galaga. Aunque la defensa de los implicados niega las acusaciones, el Ministerio Público considera que las firmas extemporáneas y las advertencias de corrupción ignoradas previamente —incluyendo una carta enviada a Corvetto el 11 de febrero del 2026— constituyen indicios sólidos de un manejo irregular del presupuesto público