Allanamientos a Piero Corvetto por crisis en la ONPE

La crisis en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se originó el 12 de abril, durante la jornada electoral, cuando fallas logísticas afectaron el desarrollo del proceso. Mesas que no se instalaron, material electoral que no llegó a tiempo y largas colas marcaron un día que debía ser clave para la democracia.

Miles de ciudadanos no pudieron emitir su voto, lo que obligó a extender la jornada hasta el día siguiente. Posteriormente, se reportaron nuevas irregularidades, como el traslado de material electoral en vehículos no autorizados y el hallazgo de cédulas en la vía pública.

Escalada institucional

Tras estos hechos, el Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, y otros funcionarios. Paralelamente, la Contraloría General de la República inició acciones de control, mientras que la Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar.

Estos tres frentes —penal, administrativo y disciplinario— marcaron el inicio de una crisis que trascendió el ámbito político para convertirse en un caso judicial.

Renuncia y proceso fiscal

Salida de Corvetto

El 21 de abril, en medio de la presión, Piero Corvetto presentó su renuncia al cargo. En su comunicación, señaló que su decisión buscaba garantizar que la segunda vuelta electoral se realice en un contexto de confianza ciudadana.

Ese mismo día, la Junta Nacional de Justicia aceptó su dimisión por unanimidad, oficializando su salida.

Acciones del Ministerio Público

El 22 de abril, el Ministerio Público solicitó detención preliminar contra Corvetto y otros implicados. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó este pedido, aunque las investigaciones continúan.

Corvetto entregó sus pasaportes a la Fiscalía y manifestó su disposición de colaborar, incluyendo el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

Allanamientos y evidencia incautada

Intervenciones simultáneas

El 24 de abril, en horas de la madrugada, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en la vivienda de Corvetto y en otros once inmuebles vinculados al caso. Entre ellos, propiedades relacionadas con la empresa Galaga SAC.

El operativo incluyó una vivienda en San Juan de Lurigancho y un local comercial en Lurín, además de inmuebles vinculados a funcionarios de la ONPE.

Material incautado

Durante las diligencias, se incautaron equipos electrónicos, documentos y otros elementos considerados relevantes para la investigación.

Las autoridades señalaron que la información será analizada para determinar responsabilidades en el marco de la investigación.

Hipótesis fiscal y presuntos delitos

Presunta colusión agravada

La tesis fiscal sostiene que existiría evidencia de una presunta colusión agravada entre funcionarios de la ONPE y la empresa Galaga SAC, encargada del despliegue del material electoral.

Según esta hipótesis, se habrían otorgado ventajas indebidas en el proceso de contratación.

Otras irregularidades

Asimismo, se investiga la presunta omisión de actos funcionales en la designación de funcionarios sin experiencia para cargos clave.

En paralelo, el gerente de la empresa Galaga es investigado por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo, al consignar información que no se ajustaría a la realidad.

Impacto en el proceso electoral

Fallas operativas y equipos

La ONPE habría destinado más de 41 millones de soles a la adquisición de equipos tecnológicos que no pudieron ser utilizados durante la jornada electoral debido a fallas logísticas y problemas técnicos.

Estas deficiencias contribuyeron a la crisis que afectó el proceso electoral.

Segunda vuelta electoral

Pese a las irregularidades, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que no se realizarán elecciones complementarias. En su evaluación, concluyó que no es viable dicha medida.

De esta manera, se confirmó que la segunda vuelta electoral se realizará el 7 de junio.

Los allanamientos a Piero Corvetto forman parte de una investigación que busca esclarecer responsabilidades por la crisis en la ONPE. Las diligencias fiscales, junto con la evidencia incautada, serán determinantes para establecer posibles delitos como colusión agravada y omisión de funciones, en un caso que impacta directamente en la confianza del sistema electoral.