ONPE: La cadena de negligencias que hundió la jornada electoral

Las elecciones generales 2026, que prometía ser un hito en la modernización del sistema de votación en el Perú gracias a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, terminó convertida en uno de los episodios más críticos y cuestionados de la historia democrática reciente. Lo que debió ser un proceso fluido en Lima y Callao se transformó en un escenario de caos, indignación y vulneración de derechos ciudadanos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la jefatura de Piero Corvetto, enfrenta hoy graves cuestionamientos por una serie de decisiones improvisadas y fallas operativas que quebraron la logística del sufragio.

¿Por qué falló la esperada innovación tecnológica de la ONPE?

El núcleo de la crisis se encuentra en la ambiciosa pero mal ejecutada introducción de soluciones informáticas para el escrutinio. Por primera vez, la ONPE decidió repartir miles de computadoras e impresoras que debían acompañar el material electoral para agilizar el conteo de votos; sin embargo, esta "novedad" tecnológica se convirtió en el principal obstáculo del proceso.

De acuerdo con el testimonio de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los equipos informáticos —indispensables para el funcionamiento de las mesas— no fueron puestos a prueba de operatividad antes de ser distribuidos. Esta falta de testeo previo provocó que, al momento de la instalación, muchas computadoras e impresoras simplemente no funcionaran o presentaran errores de compatibilidad, paralizando el inicio de la votación en cientos de locales.

A este problema técnico se sumó una negligencia logística alarmante: los equipos fueron entregados sin estar embalados de manera oportuna ni etiquetados correctamente. Según el vocero de la Contraloría, Guzmán Vega Coronel, esta falta de orden en el despacho retrasó significativamente la salida del material hacia los puntos de distribución, generando un efecto dominó que impidió que las mesas se instalaran a la hora prevista.

¿Cómo se rompió la cadena de custodia del material electoral?

Uno de los puntos más críticos de esta cadena de errores es la vulneración de la seguridad del material sensible. La confianza en la institución se vio seriamente afectada tras el hallazgo de cédulas de sufragio abandonadas en la vía pública en el distrito de Surquillo. Este material, que por ley debe estar bajo estricta vigilancia, fue transportado y olvidado dentro de un taxi debido a lo que se calificó como un "error involuntario" del personal de la ONPE.

Sin embargo, los incidentes no fueron hechos aislados. Se han registrado denuncias oficiales por el extravío de actas electorales en distritos clave como San Juan de Lurigancho y San Borja. En el primer caso, se reportó la pérdida de 8 actas correspondientes a la elección de Senador Nacional, las cuales figuran como "pendientes" en el portal oficial, dejando un vacío de información que alimenta las sospechas de irregularidades.

La situación escaló a niveles judiciales en el Callao. La Fiscalía investiga la presunta eliminación intencional de material electoral en el Colegio César Vallejo. Según los reportes, los miembros de mesa identificados como Jacky Huingo, Josselin Lizbeth y Marilú Huamán habrían procedido a destruir material oficial, afectando directamente el derecho al voto de aproximadamente 299 electores.

¿Cuáles son las consecuencias legales para los altos mandos de la institución?

La magnitud del desastre logístico ha llevado a que los órganos de control y fiscalización tomen medidas inmediatas. La improvisación y la falta de personal capacitado para resolver los problemas técnicos en los locales de votación no han sido consideradas simples errores administrativos, sino negligencias con implicancias delictivas.

El Jurado Nacional de Elecciones ha tomado la decisión inédita de denunciar penalmente a Piero Corvetto ante la Fiscalía. Las investigaciones apuntan a presuntos delitos de omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral. Mientras el país exige respuestas, se ha revelado que la ONPE autorizó que el Estado pague la defensa legal de Corvetto, una solicitud aprobada con una celeridad inusual.

Hoy, la legitimidad del proceso electoral está bajo la lupa. La cadena de errores, que va desde la falta de pruebas técnicas hasta la pérdida de actas y cédulas en las calles, ha dejado una herida abierta en la confianza ciudadana. Lo ocurrido no solo representa una falla administrativa, sino un quiebre en la garantía constitucional de que cada voto sea emitido y contado con absoluta transparencia.