Odebrecht: ¿se resquebraja el caso Lava Jato en Perú?

Odebrecht envió un comunicado a Cuarto Poder sobre el riesgo que corre la colaboración de Jorge Barata

Fiscales peruanos.

Las alarmas de un posible peligro para el presente y el futuro del caso Lava Jato se activaron esta semana, y con ellas, un aviso de la empresa Odebrecht: el exdirectivo Jorge Barata no colaboraría con la justicia peruana si es que antes no se atendían ciertas demandas.  

La alerta puso en aprietos a toda la Fiscalía, y el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tuvo que salir a desmentir que el proceso de colaboración eficaz de algunos directivos de Odebrecht con el equipo especial del fiscal Hamilton Castro, estuviera en peligro. Pero el martes las cosas ya no se pudieron tapar más. 

Los fiscales de lavado de activos, José Domingo Pérez y Germán Juárez, quienes investigan los aportes de Odebrecht a las campañas electorales de varios políticos, habían viajado a Brasil para interrogar al responsable del Departamento de Operaciones Estructuradas, es decir, de las coimas, Gilberto Silva. Pero allá, la Procuraduría de Brasil les informó que el exfuncionario no declararía por disposición de la empresa. Tuvieron que salir a pronunciarse en público los fiscales que encabezan los dos sistemas que investigan el caso Lava Jato, el equipo especial anticorrupción y el de lavado de activos. 

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Incluso, el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien dijo que “estamos en conversación con ellos y la intención nuestra es que se siga con los trabajos de colaboración eficaz”.

“El problema en el Perú es que la colaboración eficaz es mucho más compleja, es mucho más difícil que en el propio Brasil”, aseveró el fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial del caso Lava Jato.

Por su parte, Rafael Vela, coordinador Fiscalías de Lavado de Activos aseveró que “no es que la empresa haya pateado el tablero, la empresa sigue colaborando”.

Los fiscales de lavado de activos no negocian con Odebrecht ningún acuerdo de colaboración eficaz en el Perú. Ellos han podido interrogar a personajes del nivel de Barata, Luiz Mameri y Marcelo Odebrecht, porque están sometidos a las reglas de Brasil. Por eso viajan frecuentemente a ese país y por eso fueron el martes a Salvador de Bahía, para intentar hacer lo propio con Gilberto Silva, pero, como ya se ha dicho, sin éxito. 

La que sí negocia un acuerdo de colaboración eficaz en nuestro país es la Fiscalía Anticorrupción, el llamado Equipo Especial, dirigido por Hamilton Castro. Este fiscal prefiere otro método, el de la corroboración total de todo lo que le ha dicho previamente Jorge Barata. 

Como no lo corrobora aún, pero también, como Odebrecht no termina de enviar toda la información, pese a que ha pasado ya un año y medio, no puede declararlo formalmente colaborador eficaz. 

No obstante que ambos equipos fiscales trabajan por separado y realizan investigaciones distintas, y pese a que los fiscales de lavado de activos realizan sus interrogatorios bajo las leyes brasileñas, Odebrecht impidió que los fiscales de este grupo, José Domingo Pérez y Germán Juárez, interrogaran el martes al exjefe de la oficina que pagaba las coimas. 

¿Fue una forma de presionar a toda la Fiscalía peruana? Es que, para Odebrecht, el equipo especial y otros fiscales estarían incumpliendo sus compromisos, y, por lo tanto, Odebrecht quiere poner condiciones. Algo así como: “O paran con la presión, o no colaboramos en nada”.

Cuarto Poder ha podido conocer por fuentes de la Fiscalía, que Odebrecht no está cumpliendo con entregar la información prometida. Todo ello ha ocurrido, coincidentemente, luego de los destapes sobre los contratos que empezaron en paralelo al segundo gobierno aprista, entre Odebrecht y Transportes Don Reyna, la empresa de transportes del hijo de Luis Nava, mano derecha de Alan García y exsecretario de Palacio en su mandato. 

Y también luego de que otro fiscal, José Castellanos, ajeno al caso Lava Jato, pero que investiga una presunta organización delictiva liderada supuestamente por Alan García, allanara el almacén que guarda millones de documentos de Odebrecht, e incautara los contratos que ésta hizo a Transportes Don Reyna. Como se recuerda, la existencia de este almacén fue revelada por Cuarto Poder en abril pasado. 

A inicios de junio, Odebrecht firmó un compromiso con Hamilton Castro para facilitar todos los documentos contenidos en el almacén que el equipo especial requiriera. Por esos días, el despacho de Castellanos le solicitó información del almacén al despacho del equipo especial. Y el 20 de junio, Castellanos allanó el almacén. 

La medida fue autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho. En su resolución judicial, Concepción consigna que el despacho del fiscal Castellanos había solicitado en reiteradas ocasiones documentos a Odebrecht, pero que la constructora no había remitido lo requerido. Entonces, a Castellanos no le quedó otra alternativa que ir al almacén por los papeles. 

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Esto último, que está relacionado a Transportes Don Reyna, parecería ser el punto que más incomoda a los ejecutivos brasileños, pues los otros dos, el de la reparación civil exigida por la Procuraduría del caso Lava Jato, y el de la inclusión de Jorge Barata como responsable en otros casos, son asuntos que la empresa ya conoce desde hace meses. 

En el caso de la reparación civil, además, si bien la Procuraduría y el Ministerio de Justicia han calculado una reparación a favor del Perú de 1,500 millones de dólares, este monto no es definitivo, pues viene siendo reevaluado y recalculado con una nueva metodología contenida en el Decreto Supremo 096, aprobado recientemente. Por lo que, ahora mismo, la reparación civil no tendría por qué ser un tema que condicione la continuidad de la colaboración. 

El otro asunto, el de la inclusión de Jorge Barata como responsable en otros temas, data de inicios de este año y del año pasado. Ya era de conocimiento de Odebrecht. En abril del 2017, por ejemplo, el fiscal Castro decidió abrir investigación a Barata por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, aunque, posteriormente, lo excluyó, y en febrero pasado, el mismo fiscal Castro lo incorporó como investigado en el caso Gasoducto del Sur. 

¿Por qué incluye Hamilton Castro a Jorge Barata como investigado en el caso Gasoducto del Sur, si en teoría, lo quiere como colaborador eficaz? Porque el fiscal busca la colaboración eficaz del exdirectivo solo en seis casos, que son Tramos 2 y 3 de Interoceánica Sur, pagos a Alejandro Toledo por los Tramos 2 y 3 de Interoceánica Sur, Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, revocatoria y reelección de Susana Villarán, contribución a la campaña de Ollanta Humala, en el 2011 y vía de Evitamiento Cusco. 

Por ahora, solo en esos seis casos, Barata podría ser colaborador eficaz. No está la obra Gasoducto Sur, ni otras como Olmos o la Vía Costa Verde, por citar dos ejemplos. En sus declaraciones primigenias ante la justicia brasileña, Barata solo refirió haber pagado coimas en los primeros seis casos. No mencionó nada más, y no puede salirse de esos márgenes en teoría.

Si Hamilton Castro o la empresa Odebrecht decidieran abrir otros casos, otras obras u otros presuntos sobornos, distintos a los de esa lista, tendría que iniciarse un procedimiento de ampliación en Brasil.

Pero mientras ello no suceda, ni Barata, ni Marcelo Odebrecht, ni ningún jerarca de la constructora brasileña hablará de otros políticos. Así de simple. Triste, pero cierto.

Odebrecht envió un breve comunicado a Cuarto Poder sobre el riesgo que corre la colaboración de Barata, según el texto, “Odebrecht reafirma una vez más su voluntad para la continuidad del proceso de colaboración, con el objetivo de buscar la más rápida elucidación de todos los hechos; siempre y cuando sea respetada la premisa básica de garantizar la seguridad jurídica, otorgando protección a la empresa y a las personas que apoyan las investigaciones”.

El caso Lava Jato comenzó en el Perú en la mitad del año 2015, cuando el periodismo denunció presuntos hechos de corrupción en las obras Interoceánica Sur y Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa, y la Fiscalía abrió investigación. Hoy, en el tercer año del proceso, las cosas parecen entrampadas por los problemas con el proceso de colaboración eficaz. 

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Según fuentes de la Fiscalía, si esta posibilidad se cae definitivamente para el Perú, el fiscal Hamilton Castro tendría suficiente evidencia para acusar a varios implicados. La pregunta es, si entre sus acusados habrá peces gordos, o sólo peces chicos. Ojalá que ambos.