Keiko Fujimori: Nueva acusación solicita 35 años de prisión

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, presentó una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en el marco del caso Cócteles. El requerimiento incluye una solicitud de 35 años de prisión por presuntos delitos de lavado de activos en el marco de una organización criminal, además de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Según la nueva acusación, Fujimori habría recibido fondos ilícitos para financiar sus campañas presidenciales, ocultando su procedencia a través de falsos aportes. Se trata de una actualización del proceso que, tras varios años de investigación, había sido anulado por el Poder Judicial en enero de 2024, obligando al Ministerio Público a replantear su acusación.

Pedido de pena e imputaciones

En esta nueva presentación ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el fiscal Pérez eleva el requerimiento anterior de 30 años y 10 meses de cárcel a 35 años, al considerar agravantes en la presunta comisión de lavado de activos y su rol como líder de una organización criminal.

Además del pedido de pena para Fujimori, se solicitó el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de otras dos personas. Entre los imputados aún comprendidos en el caso figuran Pier Figari, José Chlimper y Mark Vito Villanella, así como las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C., empresa vinculada a Villanella.

Antecedente judicial

El documento fiscal hace referencia a una sentencia del 21 de noviembre de 2024, que declaró nula una acusación previa del 18 de abril de 2022. Dicha decisión ordenó que se presentara una nueva acusación tomando en cuenta a todos los involucrados, incluido José Chlimper. Es en cumplimiento de esta disposición judicial que el fiscal Pérez ha formalizado nuevamente la acusación.

En el planteamiento anterior, además de los delitos ya señalados, se incluían cargos de obstrucción a la justicia agravada. La Fiscalía considera que Fujimori, en calidad de lideresa del partido, habría dirigido una estructura destinada a ocultar el origen ilícito de fondos de campaña y manipular testimonios durante la investigación.

El camino del caso Cócteles

El caso Cócteles se remonta a 2016, cuando se abrió una investigación preliminar por las actividades de recaudación de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011. El partido declaró ingresos por más de dos millones de soles obtenidos a través de cócteles y rifas. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que detrás de esos eventos se ocultaron aportes ilegales, entre ellos los presuntamente entregados por la constructora brasileña Odebrecht.

En 2017, Marcelo Odebrecht declaró a fiscales peruanos que su empresa había contribuido con campañas políticas en el Perú, incluyendo la de Keiko Fujimori. Un año más tarde, el fiscal José Domingo Pérez allanó locales de Fuerza Popular y comenzó una investigación que derivó en pedidos de prisión preventiva contra la lideresa fujimorista.

Fujimori ha sido detenida en dos ocasiones: en 2018, cuando se dictaron 36 meses de prisión preventiva, y en 2020, cuando se le impuso otra medida de 15 meses. En ambas oportunidades, fue liberada posteriormente, aunque el proceso penal continuó.

Juicio anulado y reconfiguración del caso

En julio de 2024, se inició el juicio oral por el caso Cócteles. El Ministerio Público sostuvo que Keiko Fujimori y su entorno habrían recibido US$ 17.3 millones de fuentes ilícitas. Sin embargo, el proceso fue suspendido y posteriormente anulado por el Poder Judicial en enero de 2025, debido a errores en la acusación.

La nueva presentación fiscal busca subsanar esas observaciones y reimpulsar el juicio, elevando el pedido de pena contra Fujimori y estableciendo nuevamente la responsabilidad penal de las personas naturales y jurídicas incluidas.

Reacción de la defensa

Hasta el momento, Keiko Fujimori no ha emitido una declaración pública sobre esta nueva acusación. En procesos anteriores, su defensa ha insistido en que se trata de una persecución política y ha negado cualquier vínculo con fondos ilícitos. También ha cuestionado el accionar del fiscal Pérez y del Equipo Especial Lava Jato, señalando parcialidad.

Por su parte, Fuerza Popular ha expresado en comunicados anteriores su respaldo a su lideresa y ha denunciado que la Fiscalía busca interferir en sus actividades políticas.

Próximos pasos

Con la nueva acusación ya presentada ante el Poder Judicial, corresponde al juzgado evaluar su admisión y programar las audiencias correspondientes para iniciar un nuevo juicio oral. De ser admitida, el caso entraría nuevamente en una etapa de control de acusación, donde la defensa podrá presentar observaciones o pedidos de nulidad.

Esta acusación representa el último capítulo en un proceso que ha atravesado por más de ocho años de investigaciones, detenciones, anulaciones judiciales y controversias políticas. Ahora, el destino judicial de Keiko Fujimori vuelve a depender del criterio del Poder Judicial y de la solidez de la nueva acusación del Ministerio Público.