José Domingo Pérez acusa encubrimiento político en caso Fujimori

El futuro político de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular podría cambiar drásticamente. El Tribunal Constitucional está evaluando un hábeas corpus que busca archivar el caso cócteles, en el que se acusa a la lideresa de recibir dinero ilegal en sus campañas. El fiscal José Domingo Pérez no solo se opone al pedido, sino que advirtió que el TC ha limitado su capacidad de acusar, generando un debate que ya trasciende lo legal.

¿Qué dijo el fiscal Pérez sobre el caso de Keiko Fujimori?

El fiscal José Domingo Pérez rechazó los argumentos de la defensa de Fujimori, asegurando que el Ministerio Público nunca habló de receptación, sino de actos de conversión, la primera etapa del lavado de activos. Explicó que Fujimori habría recibido millones de dólares de Odebrecht, Dionisio Romero y la empresa Sudamericana de Fibras durante la campaña de 2011, y que ese dinero se camufló para evitar controles.

El fiscal también criticó que se hayan usado cambistas, depósitos fraccionados y personas ajenas al partido para mover estos fondos, lo que —según él— evidencia una estrategia para ocultar el origen del dinero.

¿Cómo se relaciona esto con el financiamiento político?

Pérez explicó que los partidos políticos pueden ser usados para blanquear dinero, y que eso es algo advertido por organismos internacionales como GAFILAT. En este caso, los fondos ilícitos no ingresaron al sistema bancario de forma regular ni fueron registrados como aportes oficiales de campaña. Por el contrario, fueron usados para pagar publicidad y otros gastos sin dejar rastro bancario.

Entre las pruebas presentadas, figuran testimonios de personas que depositaron montos menores a 10 mil dólares para no activar alertas financieras, y hasta la entrega directa de 210 mil dólares en efectivo a un medio de comunicación.

¿Qué puede cambiar políticamente si el TC acepta el hábeas corpus?

Si el Tribunal Constitucional archiva el proceso, Keiko Fujimori quedaría libre de cargos, lo que podría fortalecer su posición política de cara a una posible postulación electoral. También podría ser visto por sus simpatizantes como una reivindicación frente a años de proceso judicial.

Pero si el recurso es rechazado, el caso continuará y se mantendrán las restricciones legales contra ella, lo que limitaría su participación activa en la política. El debate también podría afectar la confianza pública en las instituciones judiciales y en la transparencia del financiamiento electoral.

La audiencia ante el Tribunal Constitucional ya ha generado reacciones dentro y fuera del sistema judicial. El país está atento a lo que decidan los magistrados, en un caso que no solo involucra a una figura política, sino que plantea preguntas clave sobre la lucha contra la corrupción en el Perú.