JNJ ordena ejecución forzosa para reponer a Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que ha iniciado un procedimiento de ejecución forzosa para restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Esta acción busca cumplir con una resolución anterior que ordena su reposición.

El presidente de la JNJ, Gino Ríos, explicó que esta medida no implica un nuevo nombramiento, sino el cumplimiento obligatorio de una decisión administrativa. Este procedimiento se basa en el artículo 205 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

¿Qué dice la JNJ sobre este proceso?

Gino Ríos aseguró que la ejecución forzosa se realiza como parte del deber institucional de la JNJ. En su pronunciamiento publicado en redes sociales, afirmó que no hay base legal para oponerse a la reposición y que están obligados a hacer cumplir la resolución.

Ríos enfatizó que la entidad actúa dentro del marco legal y que la restitución de Benavides no constituye una designación nueva, sino la continuidad de un proceso pendiente de cumplimiento.

¿Quiénes están en contra y por qué?

El presidente de la JNJ criticó a la fiscal suprema Delia Espinoza, quien ha iniciado diligencias preliminares contra los miembros de la Junta por esta decisión. Según Ríos, Espinoza se basó en declaraciones de un miembro de la JNJ que no participó del debate ni votación sobre la reposición.

Ríos afirmó que esta acción de la fiscal representa una "grave afectación al orden jurídico" y rechazó que se intente responsabilizar penalmente a los integrantes de la JNJ por cumplir con su mandato legal.

¿Hubo división dentro de la JNJ?

Sí. De los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, seis participaron en el pronunciamiento. El único ausente fue Francisco Távara, quien no votó en la sesión anterior sobre este caso, argumentando que el tema ya se encuentra judicializado.

A pesar de la ausencia, la mayoría de la JNJ respaldó públicamente la decisión de iniciar el procedimiento de ejecución forzosa. La entidad insiste en que su labor es velar por el respeto al marco legal y la institucionalidad en el sistema judicial peruano.