Benavides pide inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza. Según su defensa, Espinoza cometió infracciones a la Constitución y delitos de función como abuso de autoridad y prevaricato. Por ello, solicita que el Congreso la inhabilite por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

El recurso fue presentado por su abogado, Juan Mario Peña Flores, y señala que el objetivo es iniciar un procedimiento de acusación constitucional, con dos fases: un antejuicio para que sea acusada en la Corte Suprema por los delitos señalados, y un juicio político para imponer la sanción de inhabilitación.

¿Qué hechos motivan la denuncia?

La acusación se centra en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2433-2025-MP-FN, emitida por Delia Espinoza. Aunque en ella se reincorpora a Benavides como fiscal suprema, la parte considerativa contiene afirmaciones que la denunciante considera denigrantes.

La denuncia detalla cinco hechos principales:

• Espinoza reveló públicamente los recursos legales usados por Benavides para cuestionar su destitución.

• Criticó la decisión de la Junta Nacional de Justicia que dispuso su reincorporación.

• Hizo públicos datos de hasta doce investigaciones en las que Benavides no era imputada, vulnerando el secreto fiscal.

• Propuso que Benavides fuera designada representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones durante un proceso electoral, lo que sería ilegal.

• Le asignó un despacho fiscal con trato discriminatorio frente a otros fiscales repuestos.

¿Qué significa el delito de prevaricato?

De acuerdo con la denuncia, Espinoza habría incurrido en prevaricato porque emitió una resolución contraria al texto expreso de la ley y citó hechos falsos. Esto incluye la vulneración de normas sobre el JNE, que hacen irrenunciable su representación en procesos electorales, y la exposición de información reservada de carpetas fiscales.

En términos simples, el prevaricato ocurre cuando un juez o fiscal dicta una resolución contra lo que la ley establece de manera clara, o cuando se basa en pruebas inexistentes o hechos falsos.

Pedido final ante el Congreso

La denuncia sostiene que Espinoza vulneró artículos constitucionales relacionados con la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y la presunción de inocencia. Por ello, pide al Congreso activar el procedimiento de acusación constitucional.

De prosperar, el caso podría derivar en una sanción política de 10 años de inhabilitación en la función pública, además de un eventual proceso penal en la Corte Suprema.