La Presidencia de Perú ha anunciado que hoy por la mañana se llevará a cabo una diligencia fiscal en las oficinas del despacho presidencial.
Esta actuación está relacionada con las investigaciones del caso Gasoducto Sur Peruano, y abarca los años 2011-2015, periodo en el que Ollanta Humala ejercía la presidencia.
La diligencia será efectuada por la Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, y se espera que aporte nuevos elementos a la investigación en curso.
La operación de hoy busca recabar información y verificar documentos que puedan esclarecer los hechos investigados, en un esfuerzo por combatir la corrupción y esclarecer las responsabilidades en este caso de alto perfil.
✅ Esta mañana se realizará una diligencia fiscal de reconocimiento in situ en las oficinas del despacho presidencial, ordenado en el caso Gasoducto Sur Peruano, correspondiente al período 2011 al 2015.
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 5, 2024
✅ El procedimiento será realizado por la Fiscalía Supraprovincial…
Es importante destacar que este procedimiento no está vinculado con la actual presidenta ni con otras investigaciones, como el denominado caso Rolex.
Caso Gasoducto: Ollanta Humala, Nadine Heredia e investigados pagarían reparación de $1 300 millones
El Poder Judicial aceptó la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, para que tanto el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros 34 investigados paguen una reparación civil de $1 300 millones en favor del Estado, si llegan a ser declarados culpables por el caso Gasoducto Sur Peruano.
Según la tesis del Ministerio Público, en este caso diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al servicio de un pacto criminal que estuvo liderado por el entonces presidente Humala y su esposa, con el fin de favorecer los intereses de la empresa Odebrecht, compañía que buscaba ganar la licitación del proyecto junto a su consorciada Enagás.
En dicho pedido, que fue aprobado el pasado 28 de marzo por el juez Leodan Cristóbal Ayala, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado de manera provisional la suma de US$ 1 300 millones como reparación civil por los daños ocasionados al Estado.
