Fiscalía en diligencias en Ministerio de Cultura y la Biblioteca
Los fiscales investigan la designación de dos exmilitantes del PPC con sueldos de hasta 15600 soles mensuales.
La Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de emergencia en las sedes del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú para recoger contratos y resoluciones oficiales.
La investigación busca determinar si existió delito en la contratación de una madre y su hija en puestos del Estado.
El Ministerio Público intervino tras una denuncia del portal Lima Gris que reveló la contratación de dos exmilitantes del Partido Popular Cristiano vinculadas al ministro Alberto Beingolea.
La fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo encabezó el operativo para incautar las órdenes de pago y hojas de vida.
La Fiscalía Anticorrupción intervino las oficinas del sector Cultura
Los fiscales llegaron a la sede ministerial en el distrito de San Borja para revisar los documentos que autorizaron la contratación de Lourdes Beatriz Morales Morote en el despacho del ministro.
Las autoridades recogieron las carpetas de trabajo para evaluar si se cumplió con los procedimientos que exige la ley.
De forma simultánea, otro equipo de fiscales ingresó a la Biblioteca Nacional para solicitar el legajo laboral de Sofía Aguayo Morales.
La diligencia busca comprobar si las autoridades favorecieron a personas allegadas para ocupar cargos de confianza en las instituciones públicas.
Los contratos de madre e hija investigados por la justicia
La investigación fiscal señala que Sofía Aguayo fue nombrada gerente general de la Biblioteca Nacional con un sueldo mensual de 15600 soles.
La funcionaria fue designada en el puesto a pesar de tener experiencia enfocada en el sector inmobiliario y afrontar una investigación previa por presuntos actos de corrupción en la ATU.
Por su parte, su madre, Lourdes Morales Morote, obtuvo una orden de servicio en el Ministerio de Cultura por 32500 soles para trabajar durante 145 días.
Los registros revelaron que la contratada no registra grados académicos ni títulos profesionales inscritos ante la Sunedu.
La denuncia periodística reveló visitas previas al despacho ministerial
El informe del medio digital reveló que la designación de Sofía Aguayo se oficializó el 6 de agosto, solo tres días después de que visitara personalmente el despacho del ministro Alberto Beingolea.
La abogada renunció a su puesto anterior en la ATU apenas un día antes de asumir sus nuevas funciones en el sector Cultura.
La Fiscalía analizará los documentos recogidos en ambas instituciones para establecer las responsabilidades penales de los implicados.
Los magistrados determinarán en las próximas semanas si abren un proceso penal por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.











