Excanciller alerta por riesgos del Tratado de Alta Mar

Javier González Olaechea, exministro de Relaciones Exteriores, alertó que el Tratado de Alta Mar no garantiza fondos para cumplir con sus objetivos. En entrevista con Cuentas Claras, citó críticas de ONG promotoras que reclaman mayor coherencia financiera. Según dijo, aún no está claro cómo se financiarán las acciones que impone el acuerdo internacional.

Además, denunció que el texto del tratado no especifica si solo los Estados pueden tomar decisiones clave, lo que podría abrir paso a que organizaciones regionales con agendas políticas —como la CELAC— interpreten sus disposiciones libremente.

¿Por qué la presidenta Dina Boluarte pudo firmar el tratado sin consultar al Congreso?

El excanciller explicó que la firma o adhesión a tratados internacionales es una competencia exclusiva de la jefatura de Estado. Señaló que el Congreso no interviene en esta primera etapa. "No se puede cuestionar legalmente que lo haya hecho", enfatizó.

No obstante, recalcó que esta firma no implica ratificación. El tratado aún debe pasar por una evaluación del Congreso si el Ejecutivo decide enviarlo para su aprobación final.

¿Puede este tratado afectar nuestra soberanía marítima?

González Olaechea advirtió que, si bien el tratado no modifica las 200 millas náuticas peruanas, sí podría afectar indirectamente el control nacional. Explicó que las corrientes marinas podrían arrastrar especies o recursos hacia áreas bajo regulación del tratado, lo que afectaría la pesca y otras actividades económicas.

También destacó que el tratado obliga a cumplir reglas sobre el uso de recursos genéticos marinos más allá de las 200 millas, lo que podría ser riesgoso si no se establecen controles eficaces.

¿Qué debe pasar para que el Tratado de Alta Mar entre en vigencia?

Para entrar en vigor, el tratado necesita ser ratificado. Esto implica que el Poder Ejecutivo lo remita al Congreso a través de un proyecto de resolución legislativa. El Congreso evaluará si lo aprueba, y deberá contar con opiniones vinculantes de todos los sectores involucrados.

Una vez aprobado, se ratifica y se envía oficialmente a Naciones Unidas. Solo en ese momento, el tratado se vuelve obligatorio para el país.

¿Sabían los congresistas que Boluarte firmaría este acuerdo?

Varios legisladores dijeron haberse sorprendido con la firma del tratado. Sin embargo, González Olaechea sugirió que en la solicitud de viaje de la presidenta ya se mencionaba su intención de adherirse al acuerdo.

Aunque evitó hacer afirmaciones directas, dejó entrever que los congresistas no prestaron suficiente atención a los documentos que aprobaron.

¿Por qué preocupa el papel de organizaciones como la CELAC?

El excanciller expresó inquietud sobre el rol que podrían jugar entidades regionales como la CELAC. Señaló que el tratado deja abierto que "partes" no estatales también intervengan en su implementación, lo que podría permitir interpretaciones sesgadas o decisiones influenciadas por agendas políticas.

Aseguró que en la CELAC participan gobiernos con posturas autoritarias, lo cual agrava su preocupación sobre la imparcialidad de sus acciones en temas internacionales.

¿La Cancillería analizó adecuadamente el tratado antes de firmarlo?

Consultado sobre si se presentó un análisis técnico a la presidenta, González Olaechea admitió no tener certeza. Sin embargo, recalcó que el tratado es sumamente complejo y requiere de asesoría especializada.

Subrayó que la firma de un tratado vinculante no puede hacerse sin contar con informes detallados sobre sus impactos jurídicos, económicos y ambientales.

¿Qué excepciones generan más dudas en el tratado?

El excanciller alertó que el tratado excluye de su alcance a buques de guerra y aeronaves militares. Sostuvo que esta ambigüedad podría ser aprovechada por potencias extranjeras para operar sin restricciones, ya que el tratado no establece mecanismos de supervisión claros.

¿El Congreso debería investigar la firma de este tratado?

Finalmente, González Olaechea consideró fundamental que el canciller acuda al Congreso. Señaló que la Comisión de Relaciones Exteriores debe pedir explicaciones sobre el contenido del tratado y las decisiones del Ejecutivo.

Sostuvo que se trata de un acuerdo que afecta a todo el Estado peruano y no solo a un sector específico, por lo que requiere una discusión am