Estado de emergencia: Alcaldes de SJL y SMP reclaman 7 mil policías para custodiar sus distritos
El mando policial espera que, con el despliegue de las Fuerzas Armadas como elemento disuasivo y de apoyo, los resultados del estado de emergencia se vean a partir de fin de año
En la primera semana del estado de emergencia decretado para los dos distritos más poblados de Lima, la delincuencia no descansa.
Las Fuerzas Armadas también vigilan las calles de estas dos jurisdicciones, plagadas de puntos críticos en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo - por ahora - se descarta que vayan a enfrentar de manera frontal a la delincuencia común o al crimen organizado.
El mando policial se ha esmerado en dar la mejor impresión posible en estos primeros días de emergencia, pero como efecto residual de la estrategia contra el hampa han aflorado también situaciones adversas que deberán resolverse sobre la marcha, y sin soltar el pie del acelerador.
Por ejemplo, durante el primer anochecer del estado de emergencia, las calles principales y las zonas más convulsionadas de San Martín de Porres lucieron con muy poco resguardo policial y militar.
Los límites del distrito con El Callao parecían llanuras espectrales, cuyos sospechosos comunes, indigentes y drogadictos, terminaban intervenidos por patrullas de serenazgo sin mayor apoyo uniformado.
En San Juan de Lurigancho, el mismo día a la misma hora, el horizonte pintaba igual de gris. Un par de policías resguardaban el ingreso al distrito y en muchas urbanizaciones la vida seguía sin que un decreto la afectara en lo absoluto.
Desde Campoy hasta José Carlos Mariátegui – pasando por picantes barrios de Canto Grande y Canto Rey – la presencia de policías fue esporádica. Los vecinos esperaban un despliegue como nunca se vio en las oscuras calles de Lima Este.
La expectativa era grande pues esa tarde, en un multitudinario encuentro vecinal, el alcalde de San Juan de Lurigancho había soltado agua en medio del desierto.
Un día después, desmentido por la realidad, el burgomaestre salió a recorrer su vecindario con marcado descontento.
San Juan de Lurigancho fue, literalmente, el detonante para decretar el estado de emergencia.
El atentado con granada contra la agrupación ‘Chechito y Los Cómplices de La Cumbia’ fue una alerta demasiado ruidosa como para no escucharla.
Pero no solo las extorsiones desangran al distrito más grande y poblado del Perú. Crímenes por encargo se suceden uno tras otro, como el perpetrado hace una semana en un parque de ‘Caja de Agua’. Nueve balas se dispararon aquella noche.
El pasado viernes, tras su regreso de los Estados Unidos, la presidenta Boluarte se reunió con los alcaldes involucrados en el estado de emergencia y anunció que les entregaría dinero para la adquisición de cámaras y la contratación de serenos.
Hasta ese momento, la percepción de inseguridad no había descendido un ápice entre quienes día a día deben lidiar con el miedo y la preocupación de salir a la calle.
Sin embargo, con el correr de los días, el movimiento policial iba tratando de satisfacer en algo la demanda que supone un estado de emergencia. Los contingentes uniformados iban y venían en constante relevo.
Con granadas en su poder, las bandas criminales comenzaron a caer en manos de los policías.
En San Juan de Lurigancho, un par de sospechosos de 30 y 21 años fueron detenidos el viernes pasado. También llevaban una granada.
Pese a ello – y a que otros presuntos delincuentes más han caído con armas de fuego consigo – la Policía resalta que en cinco días la victimización ciudadana ha descendido.
Solo entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, sus alcaldes reclaman un total de 7 mil efectivos policiales para resguardar a su población. Es por eso que, ni con la vigencia de la declaratoria de emergencia, la demanda de agentes queda cubierta.
La urbanización Fiori, en San Martín de Porres, es uno de estos lugares marcados por una alta tasa de delitos concurrentes. En las inmediaciones de este lugar, la Policía patrulla de noche y hace todo tipo de hallazgos.
En la avenida Tomás Valle, conocido por sus antros abiertos de sol a sol, la situación es, por el momento al menos, un tanto diferente.
Pese a que las Fuerzas Armadas solo son un elemento disuasivo, el mando policial confía en los resultados que se obtengan a fin de año.
Ojalá el despliegue visto sea realmente fructífero y no apenas una postal en nuestra larga lista de buenas ideas que naufragaron a mitad de camino.
