Dirección Anticorrupción y Fiscalía realizaron diligencias a ONPE

La Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Policía Nacional ingresaron de urgencia a las oficinas principales de la ONPE en el Centro de Lima para investigar graves fallas logísticas. La intervención se produjo luego de que miles de ciudadanos denunciaran que las mesas de votación no se instalaron a tiempo por la falta de material.

El equipo del Ministerio Público busca documentos clave sobre la organización de estos comicios dentro de la ONPE para determinar por qué el material electoral no llegó a los colegios. Esta demora provocó que muchos centros de votación permanecieran cerrados hasta tres horas después de iniciada la jornada oficial de sufragio.

¿Por qué la Fiscalía intervino la sede de la ONPE?

La Fiscalía intervino la sede porque existen sospechas sobre presuntas irregularidades en la distribución de las ánforas y cédulas de votación en Lima y Callao. Las autoridades de la ONPE están bajo la lupa por el retraso que afectó a la tercera parte de la población electoral del país durante las primeras horas de la mañana.

Además de la sede central, los agentes de la Dircocor acudieron a la ONPE para verificar fallas informáticas que habrían agravado el caos en los locales de votación. El objetivo de la justicia es recolectar pruebas que permitan saber si estas deficiencias fueron accidentales o si responden a actos de corrupción administrativa.

¿Qué se sabe sobre el contrato con la empresa Gálaga?

Se sabe que la ONPE contrató a Servicios Generales Gálaga para el reparto del material, a pesar de que esta empresa ya tenía antecedentes de incumplimientos en 2023. La Policía informó que la proveedora no entregó a tiempo los equipos ni los implementos necesarios en distritos críticos de Lima Metropolitana.

La investigación de la fiscalía contra la ONPE busca determinar por qué se volvió a elegir a esta compañía si ya se conocían sus antecedentes negativos previos. Los fiscales analizan si hubo algún favorecimiento indebido por parte de los funcionarios encargados de los procesos de selección dentro del organismo electoral.

¿Qué distritos fueron los más afectados por la ONPE?

Los distritos más afectados por la falta de gestión de la ONPE fueron Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde 75 colegios presentaron retrasos significativos. En estas zonas, los electores tuvieron que esperar en los exteriores de los centros educativos debido a que las mesas de sufragio no estaban operativas.

A nivel nacional, la ONPE admitió que los problemas logísticos alcanzaron al 0.72 % de los locales habilitados para este proceso electoral de 2026. Esta situación obligó a que las autoridades tomen medidas de último minuto para evitar que los ciudadanos se queden sin ejercer su derecho al voto por culpa de la logística.

¿Cuál es la situación del jefe de la ONPE Piero Corvetto?

La situación de Piero Corvetto es delicada, ya que Canal N informó que el jefe de la ONPE podría quedar comprendido formalmente en esta investigación reservada. Como máxima autoridad del organismo, Corvetto es responsable de garantizar que todo el material electoral llegue de forma oportuna a las mesas de sufragio.

La fiscalía evalúa si el titular de la ONPE incurrió en omisión de funciones o en otras faltas relacionadas con la contratación de la proveedora Gálaga. Mientras tanto, el organismo ha intentado deslindar responsabilidad acusando penalmente a la empresa por los fallos ocurridos durante el reparto de los kits de votación.

¿Se amplió el horario de votación por estas demoras?

Sí, las autoridades electorales decidieron ampliar el horario de votación por una hora adicional para compensar el tiempo perdido en los locales que abrieron tarde. La medida fue anunciada por la ONPE como una forma de dar facilidades a quienes no pudieron sufragar temprano por la falta de personal y material.

Esta decisión busca reducir el malestar de la población que se vio perjudicada por las fallas en la plataforma digital de la ONPE y el transporte de las cédulas. Los observadores internacionales han tomado nota de esta ampliación horaria como una respuesta necesaria ante los incidentes reportados en la capital.

¿Qué medidas legales anunció la ONPE contra la proveedora?

La ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra la empresa Gálaga por no cumplir con la entrega de equipos informáticos e implementos electorales. La institución argumenta que la proveedora es la única responsable de los retrasos que afectaron el normal desarrollo de los comicios en Lima y Callao.

Sin embargo, los agentes de la Dircocor también están investigando las oficinas de la empresa para contrastar la versión dada por la ONPE ante los fiscales. Se busca determinar si la responsabilidad es compartida entre la firma privada y los funcionarios estatales que debieron supervisar el traslado de todo el material.

¿Quiénes vigilan la transparencia de este proceso?

La transparencia del proceso es vigilada por una misión de observadores de la Unión Europea que llegó al país para supervisar estas elecciones generales. Ellos estuvieron presentes durante la intervención fiscal en la ONPE y han solicitado información detallada sobre las fallas informáticas que se presentaron.

La presencia de estos organismos internacionales es clave para garantizar que las investigaciones por presunta corrupción en la ONPE se realicen con total imparcialidad. Los resultados de las diligencias fiscales permitirán saber si la democracia peruana se vio comprometida por malas decisiones administrativas o actos ilícitos.

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía intervinieron la sede de la ONPE tras detectarse retrasos en la distribución de material electoral y fallas informáticas. La investigación apunta a la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga, que contaba con antecedentes de incumplimiento en 2023. La falta de insumos afectó principalmente a Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, lo que obligó a extender el horario de votación una hora. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, se encuentra bajo investigación mientras la fiscalía recaba pruebas sobre presuntas irregularidades en los contratos de logística electoral.